El país está transitando por una crisis institucional a raíz de escándalos de corrupción en la Corte Constitucional, “lo que atenta contra los derechos de los colombianos, porque mientras reine la corrupción, la justicia nunca será efectiva”.

Jaime Araújo Rentería, exmagistrado vallenato de la Corte Constitucional, en entrevista con EL PILÓN, habló de los efectos de la crisis de la justicia, del proceso de paz, la Ley de Garantías, entre otros temas de interés nacional.

EL PILÓN: ¿Qué ha sido lo más difícil de ser Magistrado?
Jaime Araújo: La Corte Constitucional donde yo me desempeñé, siempre está en el filo de la navaja, siempre está en riesgo, yo recuerdo que estábamos en el tema difícil del aborto, y 15 días después venía el de justicia y paz, el mes siguiente estaba el de la reelección, por eso la Corte por su propia función que es la del control de la ley es difícil, porque los temas que abarca involucra a muchos ciudadanos y a sus organizaciones.

EP: ¿Qué piensa del caso de Pretelt?
JA: Sobre eso no he querido opinar desde lo personal, porque creo que siempre tengo que ver más allá de la coyuntura. En este caso en particular ya el magistrado está en otro escenario como lo es el de la investigación, por eso yo como abogado digo que hay que dar las garantías del Estado de Derecho para cualquier persona, ya sea Pretelt, Pedro Juan o María.

EP: ¿Qué hay detrás de este caso?
JA: Lo que hay detrás no es un magistrado como tal, un magistrado de la Corte debería tener cinco requisitos como ser: honesto, capaz, independiente, imparcial y protector de los derechos fundamentales. No he querido contribuir al desprestigio de la Rama Judicial, ya que los temas de fondo nadie los toca y son fundamentalmente dos: el primero es, cómo logramos que los ciudadanos, para la defensa de sus derechos, (y en todos los procesos se discuten derechos como: Libertad, trabajo, de los niños, de las mujeres, de las víctimas) tengan jueces: 1) honestos, 2) capaces, 3) defensores de derechos, (como deben ser los de la Corte Constitucional), 4) independientes e 5) imparciales. La independencia e imparcialidad no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los derechos de los ciudadanos, ya que el único escenario donde un débil a quien se le ha violado un derecho, puede vencer a un poderoso, (militar, política o económicamente), es ante un juez independiente e imparcial. Ejemplo, la madre de Soacha a quien le asesinaron dos hijos en el genocidio de los falsos positivos, si enfrenta físicamente y por vías de hecho al general que lo ordenó, con un revólver, jamás le ganará al general, ya que este, sabe más de armas que ella y tiene más armas físicas ; fusiles, tanques y aviones de guerra. Empero, si consigue las pruebas y tiene el derecho que le da la Constitución o la ley (constitución o ley de su parte), un juez de verdad independiente e imparcial, puede restablecer su derecho violado y condenar al culpable.
La corrupción, que es grave, (que es lo que se debate en el caso Pretelt) es apenas una manera de acabar la independencia e imparcialidad, pero son igualmente graves las que la acaban por la presión del gobierno, por politiquería, por contratos o puestos, por amistad o enemistad, por temor, etcétera. De esta crisis esas cinco condiciones deben salir fortalecidas y no más debilitadas, como lo proponen, (no sabemos si de buena o mala fe. Mire, por ejemplo, el Presidente de la República no debería tener tres magistrados en la Corte Constitucional. Los magistrados de todas las cortes deberían seleccionarse por concurso. La independencia e imparcialidad no tiene nada que ver con la edad pues (el carácter como decía Aristóteles, no se aprende en la universidad), hay magistrados jóvenes independientes e imparciales y otros viejos que no lo son y viceversa.

EP: ¿Cuál es el segundo tema?
JA: El segundo tema es cómo logramos una justicia pronta para los ciudadanos y sus derechos. Lo primero es saber cuánta es la demanda de justicia, en una sociedad como la nuestra, anormal, con tanta guerra de (200 años), desplazamiento de (siete millones de personas). Definido eso, luego debemos determinar cuál es la cantidad de personas que racionalmente, por (estudios de tiempos y movimientos), trabajando bien y duro, se necesita para atenderla y finalmente eso se traduce en que debe existir una norma constitucional , (como existió en el plebiscito de 1957, para la educación), que garantice ese mínimo para la justicia; por ejemplo el 6 % del presupuesto nacional, por derecho propio, para evitar que el gobierno trate a la rama judicial como a la cenicienta del poder público.
Solo después de atender los puntos que dije, primero y segundo, podremos tener paz, ya que sin justicia no habrá verdadera paz.
Como usted ve, de estos y de otros temas verdaderamente importantes nadie habla, porque los otros poderes, Congreso y sobre todo el gobierno, quieren debilitar más a la justicia. El norte de la reforma no – y es categórico Araújo- no puede ser otro que el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y una pronta y cumplida justicia para ellos.

EP: En ese sentido, ¿cuál es el punto?
JA: El tema es cómo lograr que los magistrados cumplan todos los requisitos, y para mí debería primar la independencia y la imparcialidad, porque es una garantía de nosotros los ciudadanos.
Tiene que haber justicia, esta puede ser divina y humana, esta hay que hacerla por terceros imparciales donde nosotros renunciamos a hacer justicia con nuestras propias manos y la única manera es que los que juzguen esos litigios sean personas independientes e imparciales.

EP: ¿Qué sugiere para acabar con la corrupción en la Corte?
JA: Lograr que los magistrados sean independientes e imparciales, la corrupción es grave y esto le quita derechos a los ciudadanos, porque estas personas impiden que se construya un hospital o una escuela, pero también es grave que la independencia se pierda por política, por presiones, por compadrazgo, por amistad o enemistad.
El propio gobierno a veces directa o indirectamente, presiona a los magistrados para que fallen como él quiere y no conforme a los derechos de los colombianos. El norte de cualquier reforma a la justicia tiene que ser la defensa de los derechos de los ciudadanos y una justicia pronta para ellos; no puede ser darle más poder al gobierno o aumentar la edad de los magistrados, sino cómo logramos que los jueces puedan ser independientes e imparciales. Estos jóvenes o mayores, pueden ser igualmente parcializados y dependientes o viceversa.

EP: ¿Está de acuerdo con la derogación de la Ley de Garantías?
JA: Yo no creo, porque alguien de buen sentido decía, nunca hubo reelección de gobernadores o alcaldes, entonces si el argumento es que ahora no hay reelección, ese es un sofisma o falacia porque estos mandatarios no tuvieron reelección, por eso no podemos decir que las garantías son para eso, las garantías son para otras cosas.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta en este tema, es cómo lograr que en la competencia por el poder político las personas estén en el mismo nivel de igualdad, porque no hay duda de que quien tiene un poder, ya sea un gobernador o un alcalde dando contrato, burocracia y prebenda, está en una posición de privilegio frente al resto de los competidores.

EP: ¿Cómo fue su experiencia como aspirante a la Presidencia?
JA: Yo creo que fui candidato a la presidencia por buenas causas, los demás aspirantes hablaban de lo que iban a hacer en materia de derechos para el pueblo y no de lo que habían hecho, porque habían hecho muy poco, por no decir nada. En este caso yo soy aristotélico, uno es lo que hace, no lo que dice, si uno dice que es honesto, y hace actos corruptos, eso es lo que uno en verdad es, así usted se denomine honesto. Ellos, por ejemplo, decían que iban a respetar el derecho a la vida, y resulta que no habían defendido ese derecho; no habían defendido los derechos de las mujeres, de las víctimas o de los afrodescendientes; todos hablaban a favor de la guerra interior y de la guerra con nuestros hermanos latinoamericanos, con Venezuela y Ecuador; yo fui el único candidato que defendí la paz, interior y la unidad latinoamericana; los derechos de las mujeres, el medio ambiente, los indígenas y los afrodescendientes; ya lo había hecho antes y era seguro que podía hacerlo desde la Presidencia.

EP: ¿Cómo ve el proceso de paz?
JA: Lo primero que he dicho es que yo pertenezco a la sociedad civil, víctima de la violencia; yo no lo hago como victimario, el gobierno y la guerrilla son, eso hay que dejarlo claro, victimarios de la sociedad civil. Deben primar los derechos de la sociedad civil, esa misma que yo ayudé a darle verdad, justicia y reparación, en mis decisiones en la Corte Constitucional, incluso abriéndole el camino a las víctimas antes de la Ley de Víctimas y Restitución.
A todos los grupos armados de izquierda y de derecha, al igual que al gobierno, les decimos que consideramos positivo que estén cesando en violar los derechos de la sociedad civil, pero no le reconocemos a ninguno de ellos el derecho a seguir violando nuestro derecho a la paz, además desde el punto de vista estrictamente jurídico, Colombia tiene una característica sobre la que no se ha reflexionado suficientemente, es que el derecho a la paz, es un derecho individual fundamental, lo tengo por el solo hecho de ser persona y no necesito de otra persona para ejercerlo, tampoco necesita de una ley para ejercerse y lo puedo ejercer ante otras personas y fundamentalmente frente a los poderes públicos, llámese presidente o congreso. Tiene particularidades que no tienen otros derechos.

EP: ¿Qué opina de los contradictores del proceso?
JA: No es cierto que se le pueda quitar el derecho al Procurador o a Álvaro Uribe a manifestarse, porque este derecho es de todos, para ejercerlo no es necesario aliarse con nadie, pues en nuestro sistema jurídico está concedido a los individuos. Yo no necesito de nadie para defender mis derechos, la Constitución me los dio para defenderlos ante el presidente o cualquier persona.
También tienen otra equivocación y es que están pensando que como el presidente es el responsable del orden público, tiene el monopolio del derecho de la paz, y esa son dos cosas totalmente distintas. Una competencia de una autoridad, no puede primar ni vulnerar un derecho fundamental, que además, normalmente es violado por el gobierno.
Vemos positivamente, que quienes han violado los derechos de la sociedad civil, estén sentados dialogando, pero la sociedad civil no le damos un cheque en blanco, porque en las reuniones de La Habana sólo hay cinco temas o derechos en discusión y nosotros como sociedad civil tenemos como 50, que no han sido respetados, ni se están discutiendo; como el derecho a la educación, salud, redistribución de las riquezas, mecanismo de democracia, el agrario, entre otros. Los problemas no se agotarán allá. El gran movimiento ciudadano, el frente amplio de los demócratas de la sociedad civil, es la gran alianza por los derechos, en que caben ciudadanos, empresarios, intelectuales, minorías y por supuesto las grandes mayorías.

Por Katherine Villazón
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