La crítica de una decisión judicial es un derecho ciudadano. Más en el caso de Álvaro Uribe, donde son tantas y tan evidentes las violaciones a derechos y libertades humanas:
El proceso lo inicia José Luis Barceló, que una semana antes había cerrado investigación contra Iván Cepeda y compulsado copias contra Uribe, con base en una denuncia presentada ese mismo día por el abogado de Cepeda. No hubo reparto, Barceló se asignó a sí mismo la competencia. Además de la sospechosa celeridad, la violación al principio de imparcialidad es evidente. No podía conocer de la denuncia contra Uribe el mismo magistrado que compulsó copias contra él.
La Suprema le ocultó por cinco meses a Uribe el proceso. El argumento de Barceló es estúpido. Dice que no informó del proceso porque era “contra persona indeterminada”. Si fuera así, la Corte no tenía competencia porque solo puede investigar aforados. Y si sabía que era contra un aforado, Uribe, tendría que haberlo informado. No lo hizo.
Y solo se le vinculó al proceso el 08 de octubre de 2019. Mientras tanto, la Corte practicó innumerables pruebas sin participación de los abogados de Uribe, en evidente violación del principio de contradicción, indispensable para asegurar el derecho de defensa.
Como si lo señalado fuera poco, a Uribe se le interceptó el teléfono ilegalmente. Hay pruebas de que la Suprema sabía desde antes de la interceptación que el celular era de Uribe. Tampoco les sirvió que el funcionario a cargo de las interceptaciones les informara, a los pocos días de empezar la interceptación, que quien habla era Uribe. Una chuzada vulgar y escandalosa.
Tampoco tuvo pudor la Corte en violar múltiples veces la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, derecho fundamental como pocos. Y podría seguir con la lista de violaciones a los derechos y libertades fundamentales de Uribe y con los ejemplos de violaciones al debido proceso. Pero no tengo espacio.
No, no queremos que la Corte sea uribista. Debe ser imparcial. Exigimos que no sea antiuribista, que es cosa muy distinta. No, no buscamos privilegios para Uribe. Nadie está por encima de la ley. Pedimos que se le respeten sus derechos y libertades. No, acá no está en juego la independencia de la rama judicial. La que está vulnerando el estado de derecho es la Corte, que se comporta como las chavistas, violando derechos fundamentales y persiguiendo a sus contradictores por venganza y por motivos políticos. Y esperamos que Human Rights Watch, que tanto ha defendido la privación de la libertad de Uribe, haga su tarea de procurar la defensa de los derechos humanos de todos, aunque le sean antipáticos o no comulguen con su ideología, o que al menos se preocupe por la violación de los derechos de representación democrática de los 855 mil electores a quienes la Suprema deja sin voz al privar arbitrariamente a Uribe de su libertad.