4 junio, 2011

La Constitución de 1991 y la inflación

Por: ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA * Con ocasión de la celebración de los 20 años de la Constitución Política de 1991 muchos serán los elogios sobre su contenido “progresista y social demócrata” y también muchas las críticas a su sesgo “neoliberal”.  Ese debate, ideológico y maximalista, poco bien le hace a una evaluación serena del contenido […]

Por: ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA *

Con ocasión de la celebración de los 20 años de la Constitución Política de 1991 muchos serán los elogios sobre su contenido “progresista y social demócrata” y también muchas las críticas a su sesgo “neoliberal”.  Ese debate, ideológico y maximalista, poco bien le hace a una evaluación serena del contenido de la Constitución y de los avances que ella ha permitido en la organización política, económica y social de nuestro país.

Sería más fructífero este debate si se valoraran las normas en concreto y sus impactos en todos esos campos.  Por eso esta nota está orientada a informar acerca de los fundamentos de la legislación sobre la moneda y el crédito,  antes y después de la Constitución política de 1991,  y los efectos sobre el alza en el nivel general de precios que produjo la reforma.

Luego de la desastrosa experiencia que el país sufrió, en esas materias, con ocasión de la Guerra de los Mil Días se produjo un acuerdo social para evitar episodios de desorden monetario. Acuerdo que se reforzó con las reformas  que llevaron a la creación del Banco de la República en 1923.

Fue por ello que durante los cincuenta años transcurridos desde entonces y hasta mediados de los años 70 del Siglo XX, Colombia fue un país de muy baja inflación.  Salvo por esporádicos episodios asociados, casi siempre, a súbitos flujos de moneda extranjera o alzas en los precios internacionales del café.

Sin embargo,  con la idea de que el crecimiento económico y las mejoras en el empleo se podían “comprar” emitiendo dinero, desde mediados de los años 70 se crearon toda suerte de artificios –a los que se denominó pomposamente Fondos Financieros – que se alimentaban de los llamados “cupos de crédito en el Banco de la República”. Mediante ese artificio cuanto problema hubiese que afrontar  se “solucionaba” asignado recursos de la emisión monetaria del Banco de la República.

Fue así como se propuso que el desarrollo agropecuario se hiciese emitiendo dinero para el Fondo Financiero Agropecuario; que el desarrollo de la electricidad se alcanzase emitiendo para el Fondo Financiero Eléctrico; que la capital de la República y otras ciudades mejorasen su red vial creando el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano; que la industria floreciera al amparo del Fondo Financiero Industrial, y así sucesivamente.

Ese esquema – y una indexación generalizada de precios y salarios – alimentó durante casi 30 años un proceso inflacionario que hizo que el nivel de precio subiera en promedio mas del 23% anual en todos esos años, con muy injustos efectos distributivos en especial para quienes tenían rentas fijas por largos periodos,  como los asalariados y los pensionados.

Mientras tanto los  “Fondos Financieros” suministraban créditos subsidiados a los más pudientes, quienes de esa manera mitigaban los efectos que sobre sus rentas tenía la inflación. El sistema no podía ser más perverso. Los pobres sufrían la inflación y los más pudientes se beneficiaban del crédito subsidiado.

A ese proceso le puso término la Constitución de 1991, cuando prohibió de manera expresa que el Bando de la República le otorgara crédito a los particulares y cuando hizo mucho más difícil el endeudamiento del gobierno con el Banco Emisor.

Fueron esos preceptos constitucionales – junto con la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República-  los que han posibilitado la estabilidad de precios de que ha gozado la economía colombiana durante los 10 últimos años.

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