El debate público viene enrareciéndose, quizás resultado de la polarización que nos dejara Santos, quizás por la ideologización extrema que abandona la verdad para limitarse a construir trincheras, quizás porque a la academia y los medios se ha colado la intolerancia de los violentos. Como sea, ahora abundan opinadores que acusan de “indecentes” a quienes disienten de ellos, a quienes no leen la realidad con sus espejos.

Fue lo que ocurrió esta semana con el asunto de las nuevas pruebas solicitadas por la JEP en relación con el caso Santrich. Fue esa solicitud adicional la que se perdió en Panamá. Que la carta debió irse también por la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá acá y por Cancillería, es una discusión distinta. No puede centrarse la atención ahí sino para revisar los procedimientos que se usan para tramitar estas solicitudes y para revisar la (in)eficiencia de 4-72.

Ahora es verdad que el episodio le dio a la JEP una excusa. Lo usará para sostener que es responsabilidad del Gobierno que la decisión no se haya tomado. Pero es eso, solo una excusa. Primero, porque la JEP tiene pruebas desde julio del 2018. Con lo que le entregaron el año pasado, la JEP ha debido tomar la decisión de autorizar la extradición de Santrich porque prueba inequívocamente que los delitos de narcotráfico que se le imputan habrían sido cometidos después de la firma del nuevo acuerdo final. Es todo lo que debe verificar la JEP. Cualquier otra cosa es abusiva y no tiene respaldo legal. Segundo, porque acá de lo que se trata es de verificar si la JEP es un tribunal dirigido a garantizar la impunidad de facto de las Farc, y no solo de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Farc durante el conflicto, sino también de los delitos cometidos después de la firma del segundo acuerdo.

Y eso es lo que está en juego. Eso y la carta blanca tácita para seguir delinquiendo que supondría la no extradición de Santrich. Claro, también la extradición de Márquez, el Paisa y demás narcos. Y, lo más grave, la extradición misma como figura de cooperación judicial internacional, que se va al demonio si la JEP hace un examen de las pruebas más allá de verificar la fecha de los hechos. ¡Las pruebas de la responsabilidad de los imputados se estudian y analizan en el país que solicita la extradición, no en el que extradita!

Pues bien, la JEP, a pesar esa limitación, decidió pedir más pruebas. Y frente a quienes afirmamos que la JEP ya tenía las pruebas, saltaron muchos, con ocasión de la comedia de la carta refundida, a sostener que tal cosa probaba que la JEP no las había recibido. Hasta ahí, un debate fáctico. Y si se quiere, conceptual acerca de las competencia de esa jurisdicción y su extralimitación. Pero de la controversia a sostener que lo “decente” era pedirle disculpas a la JEP media un abismo. Así de mal está el ambiente de discusión.