2 junio, 2019

La batalla por frenar el cobro del peaje de Aguas Blancas

A voz de los habitantes del corregimiento, los dineros no se destinan ni en el mantenimiento de las vías ni en el beneficio de las poblaciones de la zonas de influencia.

Para la comunidad es necesario que se aclare si el recaudo de los peajes está siendo invertido de la manera que dictamina la ley.  

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Interesados en saber en qué se invierten los dineros que recaudan de los peajes que hacen parte de la concesión Ruta del Sol tramo tres en el departamento del Cesar, líderes de la comunidad de Aguas Blancas han iniciado un camino jurídico con el propósito de constatar cuáles son las inversiones que se están haciendo de estos dineros.

Como explicó Juan David Mulford, uno de los líderes de esta iniciativa, en 2010 entre la ANI y Yuma Concesionaria S.A. se firmó el contrato 007. Dentro de las cláusulas se estableció que la Nación le daba en cesión a la concesionaria la mayoría de los peajes en el departamento: Valencia, La Loma y El Copey.

“Se estableció que todo el recaudo de los peajes iba a ser destinado para pagar las obligaciones intrínsecas de la concesionaria Yuma y que una vez que la misma pagara todas esas obligaciones los dineros de los peajes iban a ser de libre disposición de ellos, que pueden hacer contractualmente lo que bien les parezca con el dinero de los peajes”, indicó Mulford.
Sin embargo aclaró que confrontando esto con la Ley 105 de 1993, que regula lo concerniente a la infraestructura vial del país, encontraron que no se está cumpliendo con lo establecido en dicha legislación. En efecto en el Artículo 22 se expresa que “en la asignación de los recursos del Instituto Nacional de Vías, recaudados por peajes, como mínimo será invertido el 50 % para construcción, rehabilitación y conservación de vías en el respectivo departamento donde se recaude y el excedente en la respectiva zona de influencia”.

Por este motivo ya interpusieron un derecho de petición ante la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que fue la parte del gobierno que firmó el contrato, para que les notificara si en efecto la concesión había cumplido o no con sus obligaciones.

Debido a que no han obtenido una respuesta al respecto, tienen previsto acudir a una acción popular que aspiran instaurar esta semana.
El proceso por competencia le corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a que es un contrato celebrado con una entidad nacional.

“Tenemos como pretensiones principales una medida cautelar, que se suspenda el cobro del recaudo hasta tanto la concesionaria presente algo de que esos dineros no van a ser de libre destinación”, sostuvo Juan David Mulford.

José Zapata, otro de los líderes de esta comunidad y quien trabaja en estas medidas que iniciaron hace un mes, manifestó que no se están haciendo las inversiones como debe ser y que los peajes afectan negativamente a las comunidades, debido a que se encarecen los transportes, los insumos, canasta familiar, entre otros factores.
“Qué hacemos con un cobro de peaje si no se lo invierten a la vía y queda todo reventado. Hay que buscar que las entidades pongan control al tema de los contratos, de los recursos”, recalcó Zapata.

RESPALDO POLÍTICO

Sobre esta iniciativa de la comunidad, el representante a la Cámara por el Cesar Cristian José Moreno reconoció la importancia del control social que se pueda hacer sobre la correcta inversión de los recursos de los peajes por el Instituto Nacional de Vías, Invías.

Moreno hizo referencia a este instituto porque según él hasta el momento tienen entendido que dichos peajes estarían siendo manejado por el Invías ya que la obra se encuentra suspendida y por consiguiente la concesión. “No sé si eso está entrando ahorita mismo a la concesión, pero es importante que lo aclaren”, reiteró.

Al tiempo enfatizó que es muy importante que los recursos de peajes se inviertan y permitan el adecuado desarrollo de las obras viales, porque “somos los contribuyentes quienes pagamos cuando transitamos por las mismas y necesitamos vías óptimas”.

El congresista hizo un llamado al Invías y la concesión para que le den una respuesta a los ciudadanos y digan cómo se están invirtiendo los recursos para poder saber si efectivamente se están gastando en el mejoramiento de los tramos viales.

Por su parte, el también representante Eloy ‘Chichi’ Quintero, esta es una observación que hacen algunos veedores ciudadanos que debe ser verificada. “Indudablemente en La Guajira es grave la situación, peor que en el Cesar, porque uno que transita por el departamento ve que no se han puesto más peajes, están los mismos y el estado de las carreteras así no sea el mejor es bueno”, aseguró el político.

Quintero recordó que ellos como voceros de la comunidad y parlamentarios tienen que revisar este tema y apoyar la solicitud de Aguas Blancas.

“Uno a veces nota que no se hace el mantenimiento, lo que uno no maneja son cifras, cuánto recauda un peaje en la vía Valledupar – Bosconia y entonces hacer una valoración del estado de la vía, si hay mantenimiento o no hay mantenimiento”, recalcó, aclarando que es importante evitar decir cosas que no son ciertas.

Aunque EL PILÓN intentó establecer contacto con funcionarios tanto de Yuma Concesionaria S.A. como de Invías para tener mayor claridad sobre este reclamo de la comunidad, no fue posible obtener una respuesta.

Por: Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
danielarinconesj@elpilon.com.co