Por: Antonio Hernández Gamarra

Se ha dicho, y habrá que repetirlo hasta el cansancio, que la prioridad de la Agenda del Caribe para los próximos años, debe ser la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Supone ese propósito una política que procure la equidad, la búsqueda de un crecimiento económico incluyente y un manejo probo de los recursos públicos.
En las dos primeras de esas acciones le cabe responsabilidad por igual a los sectores público y privado, mediante una alianza permanente que entienda la lucha por la equidad como un valor ético y como instrumento para acelerar el desarrollo mediante la lucha contra el hambre, la eliminación del analfabetismo, la universalización de la educación, principalmente en el pre-escolar y la ampliación de la cobertura, con calidad, en los servicios de salud, de acueducto y de alcantarillado.
Un crecimiento económico incluyente supone que la producción y el ingreso no transiten por caminos divergentes, como ha venido sucediendo en el Caribe, y principalmente en el Cesar y en La Guajira, en los últimos tiempos. Modificar ese patrón de crecimiento pasa por hacer un uso más intensivo del factor trabajo, lo cual requiere encadenamientos económicos sólidos entre los distintos sectores productivos regionales para ampliar el tamaño de los mercados locales e iniciar la expansión de un círculo virtuoso de mejoras en la productividad y en la competitividad.
En el manejo probo de los recursos públicos la principal responsabilidad recae sobre la ciudadanía, pues será ella la responsable de escoger a los funcionarios públicos – gobernadores, alcaldes, diputados y concejales – que habrán de regir los destinos de departamentos y municipios, a partir de enero, en los próximos cuatro años.
Escogencia que hoy en día enfrenta dos riesgos significativos. El primero de ellos es que los grupos armados usen su poder criminal para intimidar – o peor aún para eliminar – a los candidatos que no sean de sus afectos y para, de manera más general, obligar a la ciudadanía a inclinar sus votos por quien ellos señalen. La mitigación de ese riesgo supone una ciudadanía vigilante que se haga acompañar de las autoridades para evitar sucesos de esta naturaleza, que por desgracia ya se han empezado a presentar en algunas regiones del país.
El segundo riesgo es menos visible, pero igualmente perverso para el buen uso de los recursos públicos. Hay candidatos que – sin importarles la ley – invierten ingentes cantidades de dinero para hacerse elegir con la certeza de que a la larga los sacarán incrementados de los recursos públicos, y por lo tanto le restarán alcances a una política pública que procure la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Minimizar ese riesgo supone entonces una ciudadanía que sepa distinguir entre quienes buscan el poder como manera de procurar el bien colectivo y quienes ejercen como simples empresarios electorales, dispuestos a gastarse una plata para hacerse elegir con miras a verla engrandecida en ejercicio de la función pública. Para que la ciudadanía esté vigilante y sepa ejercer el derecho al voto teniendo clara esa distinción le cabe responsabilidad a las instituciones cívicas que procuran buscar transparencia en el ejercicio electoral y a los medios de comunicación para informar sobre los peligros del uso indebido del dinero para hacerse elegir.