Con firmeza, decisión y perseverancia se necesita una real administración de justicia en Colombia. Es una exigencia pragmática, cuyo deseo es resolver con urgencia las causas estructurales que han motivado a que ésta sea considerada una cloaca. Necesitamos ya, en forma imperativa empoderar un código de ética, un tratado de deberes que conlleve dentro de estas realidades practicas a la construcción de una justicia eficaz, una verdadera justicia, no una justicia formal; equitativa, de manera transparente, rigurosa y oportuna; que sea una condición de adaptabilidad , transformación y dinamismo en el interior de las ramas del poder judicial.
Con relación a esta hecatombe que día por día carcome la legitimidad y la esperanza de este país, valdría la pena preguntarnos ¿Qué hacer? Inicialmente sería trascendental diseñar una movilización de actores y su reflexión en torno a los procesos de apropiación y participación social; es decir, una actividad que promueva vínculos y afectos como pilares fundamentales para lograr el cambio requerido. Esta podredumbre no solo se vislumbra en la rama judicial, también sucede en el sector administrativo y cada una de las corporaciones públicas, casi que sin excepción. Esto se da a raíz de la indolencia del Estado, la indiferencia e incapacidad de sus dirigentes, su clase política.
Es hora de que los representantes de la academia, gestores culturales, educadores, profesionales y gente del común, impulsen un trabajo de valor social que permita adoptar un enfoque funcional y realista con apoyo popular y sustento democrático; solo así la telaraña de la parapolítica, el narcotráfico y la corrupción que como lazos comunicantes han contribuido al desangre de este país, se acaben por fin. Esta propuesta hacia al cambio promete generar reacciones de todo tipo, toda vez que permitirán la oportunidad de despertar investigaciones dormidas contra funcionarios y exfuncionarios que hicieron hasta para vender en el país, pero la negligencia en el ejercicio de la verificación por parte de las autoridades competentes facilitó la impunidad. La renovación no nos debe dar miedo; por ello decía alguien: “La sociedad que le niega a los muertos el derecho de ser muertos, es una sociedad enferma”. La administración de justicia tiene que mejorar más temprano que tarde.
Los ciudadanos inquietos e inconformes, no debemos estar atados a rencores ni a divisionismos; antes por el contrario es imperativo aunar esfuerzos y articular iniciativas que propicien la resolución de conflictos que traban el desarrollo de este país.
Hay que apuntarle a eliminar temores que puedan generar cambios, puesto que todos, al final, de un modo u otro somos víctimas inocentes o culpables. Ante tanta corrupción día por día, con mayor volumen de articulación que nos hace célebres en forma negativa en el contexto universal se hace imprescindible, la construcción de un nuevo orden político-social, donde brille la justicia, para que nazca la tan anhelada paz.
Ante tantos desmanes fehacientes y palpables debemos crear un nuevo modelo de liderazgo ciudadano; no hay que olvidar que todos somos necesarios para crear y formar la sociedad; en la diversidad está la riqueza. Hay que decir de tajo no a la corrupción, una decisión que trasciende la coyuntura, que se niega a ser instrumentalizada con fines políticos; en síntesis esta propuesta de tipo social es un argumento válido, para dar una interpretación ajustada a los intereses de todos los colombianos y así puedan interactuar, pensar y proceder sin corrupción.
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Por Jairo Franco Salas