En las instalaciones de la Fiscalía seccional Cesar se presentó la ingeniera civil Diana Margarita Trujillo Arévalo, tras enterarse de que tenía una orden de captura emitida en su contra por presuntamente participar junto con tres personas más en un detrimento patrimonial en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Alcaldía de Codazzi.

Trujillo Arévalo era la única que hasta el momento faltaba por capturar en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía 12 seccional por dos contratos realizados por el PAE cuando fungió como alcalde de ese municipio Efraín Quintero Mendoza, en el periodo 2012 – 2015.

Asimismo la ingeniera fue presentada ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar paras las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento. Sin embargo, en la vista pública solamente se realizaron las dos primeras debido que el juez suspendió la diligencia para continuar el próximo martes.

En la vista pública, a Trujillo Arévalo el representante del ente acusador le imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideología en documento público y peculado por apropiación en calidad de interviniente, de los cuales se declaró inocente.
Esta investigación de la Fiscalía 12 seccional se basa en el análisis de dos convenios ejecutados por el exmandatario Quintero Mendoza el 30 de enero y el 15 de junio del año 2015 que presuntamente presentaron irregularidades.

Sin embargo, Trujillo Arévalo se habría visto comprometida en el Convenio 001 del 30 de enero de 2015, que suscribió como representante legal de la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir con el municipio de Agustín Codazzi por valor de $418 millones.

En este las autoridades habrían encontrado sobrecostos en las raciones alimentarias diarias de desayunos y alimentos complementos nutricionales. Puesto que, los precios supuestamente eran superiores no sólo a los valores del mercado, sino a los que la Gobernación del departamento del Cesar había contratado simultáneamente con las mismas instituciones educativas oficiales del municipio Agustín Codazzi. Esto data de la denuncia estipulada por la Contraloría General de la República a través de una auditoría especial que revisó el convenio de cooperación y el contrato de suministro.

Precisamente, en esa auditoría sobre el Convenio 001 el organismo de control hizo en enero de 2016 especial énfasis en el hecho que el mencionado contrato, suscrito por valor de $418 millones 258 mil pesos, arrojó hallazgos fiscales por cuantía de $111 millones 877 mil pesos, es decir, más del 26 % del valor del contrato.

En esta investigación también están involucrados el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, el exsecretario de Educación, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, y la contratista Linda Xiomara Navarro Hernández, quienes fueron judicializados a finales del pasado mes de mayo y cobijados por un juez de control de garantías con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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