Se equivoca conceptualmente el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, al afirmar con entonado acento -y enconada pendencia política- que regresaron las “chuzadas” ilegales a Colombia, porque la llevada a cabo en el caso que hizo remover de su empleo en el alto gobierno a la inefable Laura Sarabia, fue totalmente legal. 

Sí, la interceptación realizada a la exniñera Marelbys Meza -despectivamente aludida como “sirvienta” por la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, fue legal.

En las actividades investigativas del órgano encargado de la persecución penal en Colombia, esto es, la Fiscalía General de la Nación -FGN-, se puede ordenar que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares, las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicaciones. La orden la emite un fiscal delegado, a cargo de la investigación correspondiente.

La orden debe ser escrita y además existir motivos fundados -soportados en elementos materiales probatorios- para su emisión. Y en ese propósito, los funcionarios de Policía Judicial la solicitan al Fiscal Delegado. En el caso del deplorable escándalo de Laura Sarabia, un miembro de la Policía Judicial de la Policía Nacional (en este caso de la Dijin) le solicitó a un fiscal que ordenara la interceptación de, entre otros, la niñera del hijo de la exjefe de gabinete del gobierno del Presidente Petro. Lo anterior significa que, jurídicamente, la orden de interceptación fue legal.

Otra cosa bien distinta es que los motivos que originaron la orden no fueran razonablemente fundados, por ejemplo, porque fue una inventiva o engaño del servidor de Policía Judicial de la Dijin para lograr que un fiscal delegado la emitiera. Y algo más: no fue exitosa la interceptación, que por lo general tiene por objeto buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y ubicación de imputados, indiciados o condenados, tanto que no hubo necesidad de que un juez de control de garantías hubiera tenido que intervenir para impartirle legalidad o no a las actuaciones investigativas.

He ahí uno de los problemas complejos de los denominados motivos fundados en la emisión de una orden de interceptación, porque cuando se utilizan con apoyo en las peligrosamente denominadas fuentes no formales, se emplean arbitrariamente por desbordados servidores de Policía Judicial para toda suerte de ejercicios ilegales de investigación, avalados sin control por los fiscales delegados. Muchos consienten los engaños con informes de policía falseados.

Opino que un tema doméstico de la exjefe de gabinete Laura Sarabia, como es la pérdida de un dinero en su casa, se fue enredando por pura falta de veteranía y obnubilación por exceso de poder, tanto es así, que ingenuamente dijo que quería ser presidente y luego acudió a servidores bajo su jerarquía, quienes -por “sapos”- le colaboraron en sus excesos con la práctica de un innecesario polígrafo a la exniñera Meza, y otro inútil atropello de ridículamente ordenar interceptar a la trabajadora doméstica Fabiola Perea y a la exnana de su hijo. 

Tales actos desnudan una ocurrencia absurda e inadmisible que perjudica dramáticamente el gobierno del presidente Petro, quien debe estar muy emputado con la niñeragate de la que en enrarecido contexto hace parte el ahora exembajador Armando Benedetti. ¡Qué miedo! 

Le creo sin ambages al presidente Petro en cuanto que no procura ni acepta interceptaciones ilegales. Lo que ocurrió es lo de siempre: muchos fanfarrones alrededor de los presidentes, quienes piensan que son maniqueos, tácitamente aprueban este tipo de abusos porque si se enteran se quedan callados y no adoptan decisiones inmediatas. Uribe no lo hizo. Petro sí actuó. 

La única responsable de los actos abusivos, asquerosos, tramposos e insólitos de parajusticia fue la endiosada  e inexperta Sarabia. ¡Imperdonable e injustificable!