Hacemos eco a la nota periodística publicada el pasado miércoles por EL PILÓN porque, como bien se advierte en ella, es un tema que amerita una mayor atención de las regiones y del país: el Decreto 0488 del 5 de mayo de 2025, por medio del cual el Gobierno nacional establece el marco normativo de los ‘Territorios Indígenas’.

Ese decreto define a esos territorios como entidades político-administrativas especiales, reconociendo su autonomía y competencias en sectores clave como salud, educación, ordenamiento territorial, saneamiento básico y les permite a las autoridades indígenas hacer objeciones culturales para rechazar proyectos que ellos no quieran que se ejecuten en sus regiones por considerar que van en contra de sus creencias.

Se trata de las Entidades Territoriales Indígenas, ETIS, cuyas delimitaciones podrían cambiar la jurisdicción de algunos municipios. “El mapa de Colombia va a cambiar y mucha gente no sabe. Muy pronto la gente no va a decir: yo vivo en tal municipio, sino que dirá yo vivo en la ETIS equis”, dice un ‘reel’ de la Silla Vacía.

El decreto generó inquietudes en diversos sectores. Sin embargo, a pesar de la gran importancia del asunto, no ha habido suficiente ilustración y discusión al respecto, en especial para el Cesar que se vería afectado con varios municipios: Agustín Codazzi, Becerril, La Paz. Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Becerril, San Diego y Manaure.

Hace falta un análisis profundo de expertos con las partes comprometidas, persisten discusiones y carencia de claridad institucional sobre la autonomía administrativa de los territorios indígenas en el Cesar y también en La Guajira.

Lo que se percibe es que estamos entre las facultades que el Gobierno nacional le otorga a las autoridades indígenas y la incertidumbre institucional que viene desde viejas épocas. El decreto en mención debe reactivar el debate sobre el tema.

Es importante destacar el avance en el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo urge resolver los interrogantes que surgen sobre la viabilidad y los posibles riesgos asociados a esas autonomías otorgadas a las autoridades indígenas.

No se sabe cuál será la vía institucional para que haya coordinación entre las autoridades indígenas y las entidades estatales competentes, eso genera incertidumbre en la gestión de recursos y frente a la toma de decisiones. “La ausencia de mecanismos claros para resolver conflictos de competencia podría dar lugar a enfrentamientos legales y administrativos, afectando la efectividad de las políticas públicas en estas regiones”, afirman algunos analistas.

Precisamente, en estos momentos, existen tensiones entre comunidades indígenas yukpas y campesinos de la Serranía del Perijá, en el municipio de Agustín Codazzi. Campesinos denunciaron la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y exigieron la instalación urgente de una mesa de diálogo con presencia del Gobierno nacional para analizar lo sucedido el pasado 31 de mayo en varias fincas de las veredas El Once, Iroka y El Triunfo, del corregimiento de Llerasca, en donde un grupo de indígenas yukpa torturaron y liquidaron alrededor de 57 reses.

Se requiere que la institucionalidad socialice con los indígenas el Decreto 0488 de manera que se aclare el alcance y límites que esa norma establece para cada una de las partes y así evitar nuevas confrontaciones, además de fortalecer las capacidades administrativas de las autoridades indígenas y asegurar también la rendición de cuentas claras y transparentes en la gestión de los recursos. Se deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas, pero sin comprometer la eficacia del Estado y sin afectar los sectores productivos del Cesar y La Guajira.