El alcalde de Riohacha, Jaider Antonio Curiel Choles, firmó con los representantes de los acreedores del Municipio el acta de terminación del acuerdo de reestructuración de pasivos, paso previo para liberar al ente territorial de la Ley 550, y reanudar el funcionamiento normal de la Administración Municipal.
La firma del acta se realizó con los cuatro grupos de acreedores: grupo uno, de laborales, pensionales y entidades de seguridad social, representadas por el Instituto de Seguros Sociales. Grupo dos, del Ministerio de Hacienda y representado por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Grupo tres, de entidades financieras, representadas por el Banco Popular, y el grupo cuatro, conformado por acreedores externos.
Salir de la Ley 550 significa, entre otros aspectos, que más de $13.000 millones que recibe el Municipio por concepto de regalías, que estaban destinados para el pago de la deuda, ahora pueden hacer parte de la inversión social para la ciudad; además, el Municipio recuperará su capacidad de endeudamiento y su capacidad de pago.
Con relación al saldo de acreencias que aún tiene la Alcaldía, monto que asciende a $4.000 millones, la Administración Municipal se comprometió a incluir en su marco fiscal de mediano plazo, la provisión y financiación del fondo de contingencias con el 15% de los recaudos por concepto de regalías y compensaciones para el pago de las obligaciones que quedan pendientes, entre las que se encuentran pasivos por valor de $1.500 millones y un posible saldo a favor de Findeter por $2.516 millones, sujetos a depuración. En la actualidad, en el fondo de acreencias se encuentran disponibles $4.350 millones.
Los funcionarios que participaron en la firma del acta fueron: Jaider Antonio Curiel Choles, alcalde de Riohacha; Keytin Rosado Acosta, secretaria de Hacienda Municipal; Anyelith Redondo, asesora jurídica de la Alcaldía; Daimer Acosta, gerente seccional I.S.S; Diana Villalba Vallejo y Nelson Darío Romero, representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Deleida Cuello, gerente del Banco Popular; Alcides Choles López, representante de los acreedores externos, y Jhon Alexis Patiño, ejecutivo de la Fiduciaria Bogotá.
En la vigencia del año 2000, el Municipio de Riohacha afrontó una crisis fiscal, financiera e institucional, reflejada en sobreendeudamiento, cesación de pago, acumulación de pasivos y judicialización; por ello solicitó apoyo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Apoyo Fiscal y se hizo necesario el inicio de la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos en virtud de la Ley 550 de 1999.
Luego de este proceso, en el mes de junio del año 2001, el Municipio suscribió con sus acreedores el acuerdo de reestructuración de pasivos con el objeto de restablecer la capacidad de pago que le permitiera atender adecuadamente sus obligaciones y recuperar su viabilidad fiscal y financiera.
