Si hay un problema sobre el cual se ha escrito y hablado en el país, sin que se avance en buscarle soluciones y – por el contrario- pareciera agravarse ese es el de la crisis de la salud. Se trata de un sector que tiene plata (pero en los bancos), en el que convergen los sectores público y privado, que se supone está regulado y reglamentado, pero que pareciera estar fatalmente condenado a funcionar mal.
Cada día aumentan las quejas contra las Empresas Promotoras de Salud (EPS), y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que ponen trabas y trabas para tratar de no atender a los usuarios, en todos los niveles, a pesar de varias sentencias de la Corte Constitucional en las cuales se ha insistido en que se trata de un derecho fundamental por cuanto involucra la calidad de vida y hasta el riesgo de morir del usuario o paciente.
El problema es nacional, la plata de la salud se queda en las EPS, y estas se demoran en pagarle a las IPS y esto afecta el funcionamiento del sistema y la calidad de la atención en los tres regímenes que dependen del Sistema General de Seguridad Social en Salud: el contributivo, el subsidiado y el llamado vinculado. Existe un cuarto, minoritario, que es la llamada medicina prepagada a la cual sólo tiene acceso una pequeña élite del país que también debe estar afiliada al régimen contributivo para poder tener esa medicina prepagada.
El sistema sufre de ineficiencia, corrupción y politiquería, como bien lo hemos dicho en estas mismas páginas, en varias oportunidades. Y a pesar de la división del Ministerio de Salud, que antes hacia parte de ese engendro que se llamó Ministerio de la Protección Social, y del nombramiento al frente de este a Beatriz Londoño, una médica y ex secretaria de salud de Bogotá, las cosas poco han mejorado desde la escisión.
El Cesar y Valledupar, por supuesto, no son ajenos a la crisis del sector. En Valledupar se vive una congestión en los principales hospitales, clínicas y centros de salud; las salas de urgencias están a reventar y hay mucha gente de debe permanecer en pasillos a la espera que la atiendan. Las EPS se demoran varios días para dar una cita al médico especialista, y no existe la atención en áreas como la de salud mental, entre otras.
La crisis y posterior intervención de Saludcoop ha afectado a varias IPS en esta región del país. La mayoría de los hospitales públicos del departamento afrontan serios problemas, como lo advirtió recientemente una comisión del Ministerio y de la Superintendencia Nacional de Salud.
Y hoy recordamos que cuando se posesionó el actual gobernador, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, advirtió que estaría atento a la crisis del sector y en particular a la actuación de las EPS, inclusive amenazando con su cierre. Reconocemos que la Secretaría Departamental sólo tiene funciones de supervisión, ya que la vigilancia y el control está en manos de la Superintendencia Nacional de Salud, pero sería bueno que, por lo menos, la ciudadanía del Cesar conociera que está haciendo el actual secretario Rafael Bolaños Guerrero, para evitar que los cesarenses sigan padeciendo por falta de una adecuada y oportuna atención, como lo ordena la Constitución y la ley.
Lamentablemente, en el caso de este medio de comunicación, cada vez que requerimos al actual Secretario, encontramos que está en Bogotá, o encargado del despacho del gobernador, y no ha sido posible que nos atienda para confrontarlo con la dura realidad que están padeciendo los usuarios. Con todo el respeto que nos merece Bolaños Guerrero, y al igual que otros secretarios de despacho, debemos recordarles que cumplen funciones públicas y que entre sus deberes está el de suministrar información a los medios y atender a los periodistas cuando se les requiera, para temas de ese importante sector, como ha sido el caso.
Al igual que en el resto de la Nación, pareciera que la salud en el departamento tampoco tuviera dolientes y que, como anotara recientemente el periodista Juan Gossaín en un reportaje para EL TIEMPO, el sector también está de muerte en el Cesar…
