Los problemas de salud del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, a quien se le debió intervenir para extirparle un cáncer de próstata; y la situación del Vicepresidente, Angelino Garzón, quien se ha enfermado de temas neurológicos, cardiacos y ahora, también, de cáncer de próstata, fueron oportunamente atendidos por el bien de ellos como personas y como funcionarios públicos.
No obstante, contrasta la rapidez de la atención de estos dos funcionarios públicos, hecho que nos agrada, con la de miles de colombianos de clase medio y de los sectores populares quienes tienen que padecer a la hora de solicitar un servicio médico, aún cuando se sabe que la persona tiene derecho al mismo.
Ahora la crisis se palpa más en la red de urgencias, como lo hemos podido comprobar en Valledupar y otras ciudades del departamento, y lo han denunciado algunos noticieros de televisión nacional. Sigue la demora a la hora de acceder a las urgencias y nuevamente se están presentando casos de los tristemente célebres “paseos de la muerte”.
En nuestro caso, esta semana el gran cantante y compositor, Diomedes Díaz Maestre, quien sufrió un accidente de tránsito con varios golpes en distintas partes del cuerpo, situación que lamentamos, en medio de su dolor, debió ser trasladado de manera burda de una clínica a otra. En este caso, sus familiares han decidido trasladarlo desde Valledupar a Bogotá, buscando la mejor atención, como es apenas natural. Esperamos una pronta y favorable evolución del Cacique, a quien apreciamos y queremos tanto.
Pero, consideramos oportuno y conveniente volver a insistir en la grave crisis de la salud. Durante todo el año se habló del tema, ya llegó noviembre y a pesar de los cambios del Ministro de Salud y también del Superintendente Nacional de Salud, la crisis en lugar de amainar pareciera agravarse, día a día, en una insólita indolencia de autoridades nacionales y actores del sistema.
Hemos comentado que buena parte del problema se podría resolver con una mayor organización por parte del Estado. Si el propio gobierno, por intermedio de la Registraduría General de la Nación, actualizara y unificara las bases de datos, se habría dado un paso muy importante en materia de transparencia y eficiencia. Adicionalmente, es el propio Estado quien puede regular el tema de los costos de procedimientos y tratamientos, para fijar un sistema único de tarifas, al que deberían someterse las EPS y las IPS.
Se deben adoptar medidas de choque, señor Ministro, para ordenar de nuevo el sistema y evitar que la gente tenga que acudir de manera persistente a la acción de tutela. Sin duda, hay que tener mano dura con el tema de la corrupción del sector, que en parte ha sido facilitada por esa falta de organización del propio gobierno.
Ha sido el ejecutivo el que muchas veces se demora en pagar y esa falta de plata llega a las instituciones a pagar comisiones y sobornos para acceder a los recursos que por ley, luego de prestado el servicio, tendrían acceso.
En este frente, reiteramos que no se puede bajar la guardia la Procuraduría, la Contraloría y las Personerías, cada una en lo de su competencia. Consideramos que la Supersalud, con el apoyo real y oportuno de las Secretarías departamentales y municipales de salud, debe reforzar las tareas de supervisión, control y sanción de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a las EPS que no estén haciendo bien la trascendental misión que tienen a su cargo.
Hoy, luego de dos años largos del gobierno de Juan Manuel Santos, insistimos en que el gobierno está en mora de liderar un plan de salvamento del sector, sin esperar a las reformas de carácter legal. Mediante actos del propio gobierno se puede agilizar el flujo de los recursos financieros, actualizar provisionalmente el Plan Obligatorio de Salud y girar rápidamente a cientos de hospitales y clínicas que están a punto de colapsar por recursos financieros y un orden mínimo del sistema, como hoy lo establecen las normas que no se cumplen debidamente.