24 noviembre, 2014

Indígenas, de espalda a la violencia

Un grupo de 13 comunidades indígenas teme porque la violencia armada regrese a los límites de Valledupar con la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las balas silenciaron a más de un indígena en el Cesar, pueblos como el Arhuaco fueron asaltados por las bandas insurgentes que pasaron por los caminos empedrados, donde el aire se escapa para el bunachi (no indígena), ante el mal estado de las vías al transitar.

La Confederación Indígena Tayrona denunció que alrededor de 52 familias arhuacas se encuentran en peligro luego que un grupo de personas destruyeran un puesto de control en la vía que conduce al corregimiento de Sabana Crespo y un puente que comunica a la comunidad de Ikarwa o Besotes con Valledupar.

De los 9.394 arhuacos, 6.643 (el 71.24%) corresponden a asentamientos ubicados en el Cesar. Además, son el grupo que más se ha organizado para defender su territorio, es así como familias de Donachui, Sogrome, Melloca, Izma, Yosaka, Seinimin, Atikimake, Yechiquín, Simonorruá, Geinengeka y Pueblo Hundido, protestaron en el sitio conocido como Mala Bajá, ubicado a unos 20 minutos del casco urbano de Valledupar, donde está ubicado el portón de control sobre la vía que conduce al poblado arhuaco de Gun Aruwun (en español Sabana Crespo), donde varios hombres con cizallas y porras destruyeron los muros que sostenían la estructura metálica.

Leonor Zalabata, comisionada de Derechos Humanos de los pueblos Indígenas en Colombia a nombre del pueblo Arhuaco, dijo que este es un punto de control para evitar secuestros, asesinatos, violaciones y otras acciones delictivas ocurridas en otrora.

Los indígenas denominan a la tierra como Madre Naturaleza, el territorio de la Sierra Nevada es sagrado, los aborígenes entregan su vida para defenderla porque la consideran “una biblia llena de conocimientos y saberes”.

Según los indígenas, el mundo tiene puntos álgidos que debe cuidar la sociedad a través de leyes, y las mayores leyes están sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio en el hoy sobreviven cuatro comunidades indígenas que conservan diversas tradiciones ancestrales y que suman alrededor de 30 mil personas entre los Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos.

Los arhuacos sufrieron tras la presencia tanto las Farc (frentes 41 Cacique Upar) como el Eln, (frentes Manuel Martínez Quiroz, Camilo Torres Restrepo, Gustavo Palmesano Ojeda y el Seis de Diciembre). Después recibieron atropellos de las autodefensas, dirigidas por Jorge 40, que actuaban a través de los bloques Caribe y Tayrona y el frente Mártires del Cesar de las Auc.
Cuando aparecieron las autodefensas, las guerrillas ascendieron hacia las partes altas de la Sierra habitadas por las comunidades indígenas, entre las que se encuentra el pueblo Arhuaco, según un informe de la Comisión de Observación de la Crisis Humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Por aquí por Mala Bajá delinquió todo el bloque de Jorge 40, nunca se nos ha garantizado a la sociedad colombiana el resultado de las desmovilizaciones”, indicó: Leonor Zabalata.
La líder arhuaco puntualizó que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda de las autoridades para evitar que este tipo de actos violentos se sigan cometiendo contra su comunidad.

Zalabata indicó que el Gobierno Nacional desde 1973 reconoció legalmente hasta donde llegaba el ámbito tradicional de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada a través de una línea simbólica – real, en ese margen está Mala Bajá, un lugar de pagamento donde los mamos se conectan con la naturaleza, “el tema que nos hizo estar en este lugar es por el despojo que sufrimos y que se agravó con el conflicto armado, la presencia guerrillera y paramilitar en este punto. Se dieron secuestros, cometieron crímenes, violaciones a mujeres arhuacas, robos que condujeron a que las autoridades indígenas por medio de sentencias de la Corte Constitucional como la 510, que permitía la autonomía de las autoridades indígenas, decidieran mantener la paz del territorio en el ejercicio del control”, aseguró Leonor Zabalata.

Historia de abusos
El secretario de la CIT, cabildo arhuaco Hermes Torres, informó “el pasado 5 de agosto ocurrió exactamente lo mismo, este grupo de personas pertenecientes a una familia vallenata destruyó por completo en aquel entonces un portón de madera, dejándolo vuelto leña”.

“Lo que hemos encontrado es la oposición de personas que no están llamadas a la convivencia, no admiten que las autoridades indígenas y el pueblo Arhuaco hayamos determinado el control. Estas personas ocupan la zona de ampliación y recuperación del Resguardo, son dueños de fincas, pero son territorios de los que nos han despojados históricamente y hoy por derecho constitucional nos corresponden. El problema se resuelve cuando se sane y se amplíe el resguardo, además que se nos respete el territorio”, señaló Leonor Zalabata.

En una reunión con el secretario de Gobierno de Valledupar, Carlos Mario Céspedes las autoridades indígenas pidieron citar a una reunión de alto nivel a las autoridades del país, sin embargo a la fecha no tiene solución.

De igual forma afirmó que “dentro de nuestro Resguardo Arhuaco existen alrededor de tres dueños de fincas que no son indígenas, a quienes se les conoce en la zona y a quienes en ningún momento se les ha negado el acceso a sus propiedades, el control es para personas desconocidas que se desplacen en motocicletas o vehículo”.

“Esta situación ha molestado a uno de los colonos, que es propietario, quien reiteradamente ha amenazado tanto al celador del puesto de control como a los transeúntes arhuacos y a las mismas autoridades indígenas de Sabana Crespo. Es tan evidente el hecho que en dos oportunidades y a plena luz del día esta persona destruyera la estructura. No conforme con eso estas personas arremetieron contra un puente ubicado sobre el río Guatapurí y que comunica a las comunidades de Gun Annvun e Ikarwa, restringiendo el paso de las personas que tiene sus fincas y viviendas en uno u otro lado del río”, explicó Hermes Torres.

Ahora los aborígenes temen por sus vidas. No piensan vivir de nuevo en las garras crueles del conflicto armado entre guerrillas, paramilitares y el Ejército Nacional, por eso solicitan una respuesta del alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales o del gobernador, Luis Alberto Monsalvo.

“Esto no había ocurrido mientras teníamos el control del lugar, entonces nos preguntamos, ¿qué buscan?, ya tumbaron el portón, se robaron un carro e intentaron violar una mujer arhuaca”, dijo Leonor Zalabata.

Otras amenazas
Luego de la primera destrucción del portón en Mala Bajá el 5 de agosto, la CIT expresó que “el acceso de personas desconocidas se incrementó y a tan solo dos días de ocurrido este hecho delincuencial hurtaron el vehículo de una de las autoridades que se encontraba estacionado en Sabana Crespo, mientras que días después un hombre quien se identificó como funcionario de la Alcaldía de Valledupar llegó hasta una vivienda arhuaca donde intentó abusar de una mujer arhuaca cuando lavaba en el río”.

Ante estos hechos, las autoridades indígenas reconstruyeron la infraestructura, esta vez con muros de concreto y un portón de hierro lo que causó mayor molestia a un particular que de nuevo lo derrumbó. Ahora, en el sitio permanecen los muros y una malla de nailon que hace las veces de puerta, abierta y cerrada por un grupo de arhuacos.

También denuncian los indígenas la destrucción de un puente construido en agosto de 2002, que permite el acceso de personas al pueblo de Besotes y atravesar el río Guatapurí en la parte media de su cuenca.

A la espera del Ministerio
El secretario de Gobierno Municipal, Carlos Mario Céspedes aseguró que la Secretaría ha tenido reuniones con todos los estamentos, “citamos al Ministerio del Interior en asuntos étnicos, quedaron en venir a Valledupar el 16 de octubre pero no llegaron. Hemos pedido la presencia del Ministerio en varias ocasiones pero nos manifiestan que el funcionario tiene incapacidad por problemas de salud, esta situación es de total importancia para la administración municipal, pero se debe tener en cuenta que las partes están totalmente polarizadas”, dijo Céspedes.

El funcionario explicó que por ser un asunto étnico dentro de la jurisdicción indígena se debe filtrar todo por un canal especial, que en este caso sería a través de las entidades competentes como es el Ministerio del Interior.

“Una vez que el Ministerio reitere a quien le asiste la razón, si al particular o a los indígenas, nosotros como Secretaría de Gobierno inmediatamente estaremos dando cumplimiento a esa orden”, manifestó el funcionario, quien agregó que los indígenas arhuacos han sido escuchados en cuatro reuniones.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
carlos.jimenez@elpilon.com.co