El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, durante su reciente visita a Valledupar habló con EL PILÓN sobre seguridad y garantías ante el proceso de paz con las Farc.
También se refirió a los problemas de la justicia y el gran un gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno para poner tras las rejas a los delincuentes.
El oficial es optimista frente al proceso que llevará a las Farc a dejar de ser un grupo guerrillero a un partido político, a pesar de los inconvenientes que puedan presentarse con la oposición.
Destacó que un total de 2.440 guerrilleros de las Farc presos en diferentes cárceles del país fueron acreditados por el Gobierno nacional como miembros de esa guerrilla, cuya acreditación es la licencia para obtener la libertad y ser amnistiados.
Con el proceso de paz se supone que habrá una descongestión de los centros penitenciarios, ¿cómo trabaja el Gobierno para que haya confianza en las amnistías otorgadas a los integrantes de las Farc?
La amnistía y el indulto para las personas que están privadas de la libertad como resultado de proceso de paz, imponen una libertad condicionada a esas personas; es cierto que pueden salir pero bajo libertad condicional en todo caso deberán presentarse a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, para que resuelvan su situación. Estamos hablando de un listado de más de 2.000 personas que maneja el Alto Comisionado de Paz y que fue pasado por la propia guerrilla que en una verificación uno a uno y en un proceso que definen los jueces de cumplimiento de pena se determina si da lugar que salgan de la cárcel o no.
Existe preocupación por parte de los integrantes de las Farc que retornarán a la vida civil y es por posibles retaliaciones y aseguran que los paramilitares se estarían armándose nuevamente y que los más afectados serían los campesinos.
El acuerdo que puso fin al conflicto con las Farc tiene un capítulo dedicado a garantías de seguridad, un país sin conflicto armado tiene que ser más seguro para los colombianos y darle garantías a quienes dejan las armas y se reincorporan a la vida civil de manera legal.
Ya está en marcha una comisión nacional de garantías, se puso en marcha un cuerpo élite de la Policía para luchar contra estas organizaciones de bandas criminales que amenacen a los colombianos de esas regiones que padecieron el conflicto. Se han puesto en marcha dos planes pilotos en Buenaventura y Tumaco, se determinaron unos centros importantes para neutralizar esa amenaza que se cierne sobre personas que se reincorporan.
¿Cómo hablar de seguridad cuando todo el sistema está en caos?, empezando porque las cárceles están hacinadas, no hay ingreso de reos, la capacidad del Inpec está colapsada y el sistema judicial no funciona con la agilidad debida.
El rescate de condiciones de seguridad y convivencia pasa por superar las capacidades de inteligencia y de investigación criminal, no basta con tener policías en las calles si no hay un buen sistema y es cierto que hay crisis carcelaria, pero lo que toca entrar a revisar es dónde están los delincuentes más peligrosos y asegurarse de que se les prive de la libertad en la cárceles. Me comprometí desde la Vicepresidencia a traer un funcionario del equipo del Ministerio de Justicia y del Inpec para que con la Vicepresidencia y las autoridades de Valledupar miremos el tema carcelario que es lo que está frenando todo.
Debido a la ineficiencia del sistema carcelario, muchos juicios se han visto empañados por la negligencia de la Rama Judicial; hoy vemos dos casos en nuestro municipio que son víctimas del sistema, como lo son los de los periodistas Guzmán Quintero y Nimia Mercado.
Hay una buena noticia; la administración del Fiscal General Néstor Humberto Martínez ha dedicado de manera exclusiva un comité de fiscales investigadores para que haya resultados en los casos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas que han sido asesinados o amenazados.
La buena noticia es que este año cerca del 43 % de los casos a esta población ya tienen identificados los responsables y en proceso de imputación de cargos y juicios, hoy hay menos impunidad y lo que queremos es llevar la impunidad a cero.
“Ya está en marcha una comisión nacional de garantías, se puso en marcha un cuerpo élite de la Policía para luchar contra estas organizaciones de bandas criminales que amenacen a los colombianos de esas regiones que padecieron el conflicto”.
Por Adriana Palomo Molina