Las luchas de los ambientalistas suelen cruzarse con los intereses de algunos particulares que ocasionalmente contrarían la ley. Para garantizar el bien común existen dichas leyes, procesos e instituciones. Es posible que en algunos casos dichos particulares entren a participar para tratar de cambiarlas de acuerdo a sus intereses, pero allí los procesos y las regulaciones permiten resguardar el imperio de la ley.

No obstante, además de las preocupaciones aceptables de los ambientalistas, en situaciones como la del cerro Hurtado suelen aparecer también motivaciones non sanctas que igualmente deben considerarse antes de hacerles eco.

El POT de la ciudad es un instrumento que compila todos sus procedimientos administrativos. Como tal, se aprueba después de un proceso muy debatido, que conlleva muchas etapas para garantizar que no se vean afectados los intereses de la ciudad o de sus habitantes. Antes de su aprobación todas las organizaciones y personas que defienden algún beneficio común tienen todas las oportunidades de objetarlo y modificarlo.

En estas circunstancias legales, este POT, aprobado hace varias administraciones, dio vía libre a construcciones en la falda del cerro Hurtado, que catastralmente se conoce como manzana F de la urbanización Santa Rosalía, en los terrenos que originalmente pertenecían al insigne Pepe Castro, después pasó a sus descendientes y algunos de ellos han vendido a otros particulares.

Corpocesar es la institución encargada de velar el cumplimiento de las leyes ambientales del país en nuestro departamento, con base en ellas y bajo diferentes figuras permite o no las construcciones en ciertas áreas. En este caso ya verificó que los lotes que conforman dicha manzana F de Santa Rosalía no se sobreponen con ninguna Zona Forestal Protectora, ni con Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, ni con recorridos y/o bordeados por ninguna fuente de aguas superficiales, ni mucho menos con algún ecosistema estratégico (Bosque Seco Tropical, Páramos y Humedales). En concordancia con ello, también existen otras leyes bajo las cuales las curadurías otorgan permisos de construcción.

El inicio del 2021 dio paso a una serie de convocatorias en las principales ciudades del país y Valledupar no escapó a esta ola de vindicaciones políticos, como tal, al pertenecer la mayoría de estos a los familiares de nuestro actual burgomaestre, algunos oportunistas políticos, con el pretexto de la defensa ecológica han querido aprovechar una construcción que no tiene absolutamente nada que ver con el Mello Castro o sus familiares para tratar de encauzar este malentendido y afectarlo también de esta manera.

En todo caso, a los amigos que efectivamente están preocupados por salvaguardar el medio ambiente pueden tener la tranquilidad de que dicha construcción está pensada para mantener el mayor respeto por esas y todas las leyes, que inclusive se cambió el primer diseñador porque pretendía incluir un proyecto que excedía los compromisos ambientales, que no son nuevos, de los propietarios por insertarse amablemente en ese espacio que todos amamos.