Inconformes por el fallo de primera instancia de la Procuraduría Provincial de Valledupar que resolvió la suspensión de siete concejales de Chiriguaná, por un periodo de nueve meses, los corporados afectados denunciaron que el procurador de esta dependencia, emitió una decisión basado en intereses personales.
“El procurador provincial de Valledupar, Alberto Valle Campo, lo que está haciendo es un mandado, porque para nadie es un secreto que es cuota del senador Efraín Cepeda y como el hermano del Alcalde de Chiriguaná, Alejandro Aroca, es el Coordinador Departamental de campaña de Cepeda, sus fallos tienden a favorecer a su líder político”, aseveró Yamil Yepez, uno de los querellantes.
Para los denunciantes, pese a que adjuntaron pruebas o recursos probatorios donde se demostraba que los 15 días autorizados para que el acalde de Chiriguaná, Gustavo Aroca Dagil, eran suficientes para contratar y que no truncaban sus procesos, éstas no se tuvieron en cuenta.
“Todo parece indicar que Valle Campo está jugando un papel por debajo de la mesa porque días antes de dictarse el fallo, el Alcalde tiraba voladores en el Municipio, asegurando que íbamos a ser destituidos; diciendo además que la segunda instancia ya estaba arreglada. ¿Acaso serán adivinos? ¿O será que si existe una relación directa entre la Procuraduría y la Alcaldía de Chiriguaná?”, argumentó Yepes.
El corporado agregó que percibe con preocupación el afán de la Procuraduría Provincial de Valledupar de agilizar ciertos procesos como el de ellos, realizado en menos de un mes, cuando existen otros procesos acumulados que llevan más de tres años y que no se han resuelto.
“Consideramos que la decisión de Valle Campo fue muy apresurada y cuestionable, primero porque no tuvo en cuanta el artículo quinto de la Ley 734 del 2002, donde se habla que para sancionar a un servidor público deben haber tres causales: ser una falta atípica, que el Municipio resulte afectado con la conducta o que la falta sea a título de dolo, y vemos que ninguna de estas tres se cumplen”, subrayó.
Por su parte, Oscar Garrido, otro concejal afectado, afirmó que aunque son respetuosos de la institucionalidad del país están asombrados que monten procuradores para hacer control disciplinarios y vengan a la región a hacer mandados políticos. “Este Procurador está cambiando votos para no ejercer control a ciertos personajes que son investigados por él”, enfatizó.
Para él es injusto el fallo del ente de control porque lo único que buscaban era proteger las arcas del municipio de Chiriguaná, precisando que si el Acalde necesitaba las facultades debió hacer uso de las extras contempladas en la ley.
Entre tanto Arnobis Porra, aseguró que la rencilla del Alcalde de Chiriguaná hacia ciertos concejales se originó desde que eligieron a un Personero que no era de sus entrañas y que no podía manipular para el control político.
Exhortación al Procurador Regional
Los querellantes le solicitan al procurador Regional, Perches Giraldo -que tomó el caso- “que revise las actuaciones realizadas por su colega, que tenga en cuenta las prueba, nos juzgue sobre el marco legal, deje aparte la politiquería en el cual están inmersos muchos servidores públicos y no tomen decisiones por favores a terceros”.
Reacción
Al respecto, el procurador Provincial Alberto Valle Campo manifestó “ese es su pensar, pero la falta está configurada, no fue invento de la Procuraduría”.
Para los concejales afectados por el fallo de la Procuraduría, lo que existe es persecución política por parte de alcalde de Chiriguaná, Gustavo Aroca Dagil, por ser opositores a su gobierno.
El caso
Por extralimitación en sus funciones, los concejales de Chiriguaná José Arnovis Porras Orta, Oscar Alberto Garrido Batista, Marcelino Moreno Imbreth, Jhon Jairo Meza Barahona, Walter García Machado, Juan Miguel Uyoa Orta y Yamil Yepes Sáenz, fueron sancionados con nueve meses de suspensión en el ejercicio de su cargo e inhabilidad por igual término.
La Procuraduría Provincial de Valledupar emitió este fallo al determinar que habían limitado las facultades al Alcalde de Chiriguaná para suscribir contratos y convenios por el término de 15 días en el primer semestre del 2012.