Interesante la mesa técnica que acaban de realizar las empresas de servicios públicos del departamento del Cesar, de manera conjunta con la seccional departamental de la Fiscalía General de la Nación, en aras de ponerle freno a los constantes fraudes que comete algún sector de la ciudadanía o personas de manera individual.

Durante esa jornada se puso de manifiesto que la situación se torna preocupante en razón de que cada vez son más frecuentes los fraudes y hurtos de elementos que afectan la prestación de los servicios que prestan las empresas Afinia, Emdupar, Estiv y Gases del Caribe.

La idea es buscar los mecanismos que permitan “fortalecer la legalidad en la prestación de los servicios y garantizar que quienes cometen fraudes o hurtos reciban sanciones judiciales. En muchos casos, estos delitos son ejecutados por bandas criminales que comercializan los elementos sustraídos”. Las cifras de daños y afectaciones por ese fenómeno son altas.

Ante esa situación, se exige entonces la aplicación de todo el peso de la ley para quien incurra en esos delitos y eso lo compartimos plenamente, somos partidarios del cumplimiento estricto de las normas y en especial de la defensa de los derechos tanto públicos como privados. Siempre debe prevalecer el marco de la legalidad.

Pero que valga la ocasión para abordar también la otra cara de la moneda y en ese sentido revisar lo que ocurre desde las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios hacia las comunidades, donde a diario se observan situaciones en las que esas entidades no cumplen de manera plena con sus obligaciones y ponen en entredicho su compromiso contractual, vulnerando de paso los derechos ciudadanos.

Cuando el aseo y recolección de basuras no se realiza en las fechas y horarios establecidos, provocando que los animales callejeros, al romper las bolsas, alteren la limpieza de las calles y frentes de las viviendas; permitir calles oscuras, sin alumbrado público y poner en riesgo a quienes las transitan de ser víctimas de la delincuencia; esa frecuente situación en la que en una casa solo vive un par de adultos mayores y sin embargo los recibos del gas y de energía eléctrica llegan con consumos exagerados en el cobro del servicio; ver correr aguas limpias y potables por las calles de desperdicio; que en las vías públicas reinen los malos olores y no se resuelvan oportuna y de manera justa los reclamos. Otra queja recurrente es por las altas cuotas que cobran a los edificios por el aseo de sus respectivos frentes o fachadas, en donde a cada apartamento, de segundo, tercero, cuarto y demás pisos le obligan a pagar el mismo valor que se exige por el frente de una vivienda normal, lo cual resulta ilógico porque se trata del acceso de un solo espacio, los frentes de los demás apartamentos son aéreos y no generan ninguna suciedad. En fin, serían muchas las situaciones por revisar para aplicar justicia con equidad.

La falta de transparencia en las facturaciones, asociada a falta de adecuada información y, en algunos casos, la actitud despectiva de algunos funcionarios de las empresas hacia los usuarios, contribuyen a una atmósfera de desconfianza.

Por todo ello y por mucho más, aplaudimos el propósito de esa mesa de trabajo. Si bien es cierto que el hurto y el fraude deben ser sancionados con mucha firmeza, también las empresas deben garantizar que sus procesos y servicios sean dignos y adecuados para los ciudadanos. Pues su ejemplo, eficiencia, comunicación, transparencia y oportuna atención las harán objeto de confianza y valoración ciudadana y harán más justificadas su acción contra el delito.