22 septiembre, 2021

¿Fallo del Consejo de Estado?

El 12 de mayo de 2020 el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad de la elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darling Guevara, y decretó la suspensión provisional de sus funciones. Desde entonces, hasta ahora, han transcurrido un año y 4 meses, y la máxima instancia contenciosa del país […]

El 12 de mayo de 2020 el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad de la elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darling Guevara, y decretó la suspensión provisional de sus funciones. Desde entonces, hasta ahora, han transcurrido un año y 4 meses, y la máxima instancia contenciosa del país no ha resuelto la demanda de fondo, para determinar su continuidad como rectora o si definitivamente se anula el acto administrativo para proceder a escoger un rector en propiedad.

Aquella sentencia que predica: “La justicia cojea, pero llega”, en este contexto queda revaluada, porque de aquí a que quiera llegar no habrá rastros de Universidad Popular por la interinidad que genera crisis, al paso de una interminable lista de rectores encargados.

No pasamos a creer que el Alto Tribunal se deje mangonear de terceros para dilatar el encargo de un rector y darle réditos políticos a equis o ye congresistas y potenciales candidatos a corporaciones públicas.

A juzgar del actual rector encargado, Alberto Mendoza Cuello, designado por la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y no por el Consejo Superior, debido a las agitaciones políticas al interior de la Universidad, porque les resulta atractiva en razón a la rapiña burocrática, por los cargos y los jugosos contratos que genera, tiene el aval del representante a la Cámara, Alfredo Ape Cuello.

En medio del desprestigio de la justicia colombiana, puesta en evidencia con el Cartel de la Toga, es sano hacerle saber al Consejo de Estado que “demorar la justicia es injusticia”, porque no falta el manoseo y las componendas políticas, algunos le llaman darle manejo a los procesos y a los fallos, porque como dijera el otro: “Aquí no se litiga en derecho, se intriga”, y cada quien tiene su precio, de ahí el desencanto y la pérdida de credibilidad hacia las personas e instituciones, y como consigna el refranero: “Cada quien ensarta pa’ su bejuco y guisa en su propia olla”.

Lo cierto es que la justicia es para que la gente resuelva sus problemas, pero una justicia timorata los acrecienta y expone al ciudadano a tomarla por su propia mano, para llegar a la siguiente disyuntiva: “La justicia como venganza del hombre social, y la venganza como justicia del hombre salvaje”.