Además del lado oscuro del “rebusque” en Valledupar, que abordamos en una reciente nota editorial, existe otro renglón de la economía local que merece ser analizado. Se trata del transporte público que se presta a través de plataformas digitales como InDriver y Uber, servicio que, en su mayoría, opera con vehículos particulares.

Lo primero que se debe analizar es el aspecto legal de este tipo de transporte, algo que, según las distintas fuentes consultadas, “sigue siendo un tema controvertido y en evolución. Aunque estas plataformas han adaptado sus modelos de negocio para cumplir con las normativas locales, la situación legal no está completamente clara y sigue siendo objeto de debate y de interpretaciones por parte de las autoridades y del sector transporte”.

Analistas opinan que las plataformas tecnológicas operan en una especie de “zona gris” de legalidad. “Aunque no están prohibidas como aplicaciones, los conductores que prestan el servicio sin contar con los requisitos exigidos, como tarjeta de operación o SOAT para transporte público, se exponen a sanciones. No obstante, hasta la fecha, no existe una ley que regule de manera integral este modelo de negocio, lo que ha llevado incluso a debates en el Congreso de la República y fallos judiciales contradictorios sobre su legalidad”.

Lo cierto es que, en Valledupar, eso que llaman la “zona gris” de la legalidad del transporte está permitiendo que, a diferencia de otras capitales que sí tienen un sistema masivo de transporte público, surja una alternativa de movilidad y de empleabilidad que ha tomado fuerza en los últimos tiempos. En este fenómeno participan profesionales de distintas áreas: abogados, ingenieros, contadores públicos, pensionados, jubilados de la Policía Nacional, Ejército Nacional y hasta médicos.

Otra realidad es que este tipo de servicio ha contado con la aceptación del público, y por eso “muchos han entrado al negocio y este se ha disparado”, expresa un conductor de InDriver.

Como se puede ver, además de la movilidad, el asunto da lugar a un debate que combina aspectos legales, sociales y económicos. Lo que comenzó como una alternativa informal para generar ingresos hoy se ha convertido en un fenómeno extendido que incluye una variedad de perfiles y que refleja cómo la economía y la concepción del trabajo están cambiando rápidamente.

No se extrañe entonces si, cuando pida un servicio de InDriver o Uber, el conductor resulta ser un médico o un abogado. Sorprende que quienes se vinculan a estas plataformas no necesariamente lo hacen por falta de oportunidades, sino en busca de ingresos adicionales o por flexibilidad horaria. Profesionales calificados, incluso jubilados, han encontrado en estas apps una fuente de ingreso complementaria que les permite mantenerse activos económicamente.

Pese al vacío legal, la población valora positivamente características como la inmediatez, la tarifa conocida de antemano, el sistema de calificaciones y la posibilidad de escoger al conductor. Resulta interesante cómo convergen de manera voluntaria los distintos actores del servicio, tales como conductores particulares, taxis tradicionales, profesionales independientes y plataformas digitales, quienes, de paso, transforman la movilidad urbana y las dinámicas económicas locales. Llama la atención que muchos se declaran satisfechos, lo que demuestra que este modelo llegó para quedarse.

Así las cosas, el país -incluidos sus entes territoriales y autoridades- necesita avanzar en una regulación moderna que reconozca esta realidad, proteja al usuario, brinde condiciones claras para los conductores y elimine los posibles riesgos para ambos.