El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Valledupar decidió cobijar con medida de aseguramiento no privativa de la libertad al exalcalde (e) de Curumaní, Jesús Esteban García Pedrozo, y al exsecretario de Hacienda de ese municipio, Gabriel de Jesús Lago Socarrás, acusados de presuntamente apoderarse de 18 millones de pesos mediante un contrato que realizaron cuando estuvieron en la administración entre el periodo 2014-2015.

El togado dio a conocer la decisión en las audiencias preliminares luego de que la Fiscalía 12 seccional solicitó que estos no fueran privados de la libertad al considerar que no representaban impedimento para continuar con el caso.

Esto significa que aunque estén en libertad continuarán compareciendo en los estrados judiciales, pues permanecen vinculados al proceso, en el cual se les imputaron distintos delitos: a García Pedrozo peculado por apropiación en concurso heterogéneo con celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, mientras que a Lago Socarrás solamente le endilgaron el delito de peculado por apropiación, sin embargo, ninguno aceptó los cargos.

Los hechos por los que son investigados fueron denunciados inicialmente por la Contraloría mediante una auditoría realizada del 7 al 15 de septiembre del año 2017 en la que conocieron que durante la época en que Jesús Esteban García fungió como mandatario encargado de Curumaní celebró un contrato el 21 de agosto del 2015 que presuntamente mostró irregularidades en sus objetivos de crear alternativas para mejorar la administración, economía e infraestructura de la Secretaría de Tránsito de ese municipio.

“Se suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales entre los señores Jesús Esteban García Pedroza y Esneider Figueroa Barrios, en calidad de abogado contratista, cuyo objeto fue la prestación del servicio profesional de asesoría de apoyo a la gestión a la Secretaría de Tránsito Municipal… allí se suscribe que el objeto fue contratado por el valor de $18.000.000 y plazo de ejecución por 20 días”, manifestó el fiscal Gentil De León Mármol en audiencia.

Explicó además que todo el procedimiento contó con el consentimiento de quien sería el secretario de Hacienda de la época, Gabriel de Jesús Lago Socarrás.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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