La consultoría contratada para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del sector fundacional de Valledupar (PEM), adoptado por el Ministerio de Cultura con la finalidad de acabar con la amenaza derivada de la reglamentación urbana del pasado, se convirtió en bumerang debido a que el nuevo régimen está incentivando al abandono de las edificaciones existentes de todos los niveles de intervención, que superen la altura de dos pisos inclusive, porque no se pueden ampliar o modificar, ya que la altura máxima permitida es de solo un piso. Así ocurrió con las instalaciones del Banco Bogotá, que no pudo aprovechar su segundo piso por no permitirle la norma ampliar o modificar, si previamente no se asociaba con la solicitud de demolición del segundo piso, como única opción de su dueño, para culminar su proyecto y tuvo que abandonar el establecimiento por falta de garantías de desarrollo urbanístico. Inverosímil situación ocurre con las instalaciones abandonadas del teatro Cesar, también de dos pisos de altura, edificio que para poderlo remodelar o modificar, se hace obligatoria la demolición del segundo piso, caso contrario tendrá su propietario que mantenerse en la construcción original, sin intervención alguna.

Una de las fortalezas que se pretendía lograr a través del PEM, era la creación de una dependencia para manejar el sector fundacional, con la anuencia de la Administración Municipal, entidad competente para la aprobación en primera instancia del nivel de intervención 3, sin embargo ya pasaron 2 años y medio y el alcalde de Valledupar ni los secretarios de despacho han aprobado la primera solicitud, por falta de voluntad política para el empalme y hasta el día de hoy, tampoco existe una oficina al interior de la alcaldía para atender el Centro Histórico y Patrimonial de esta ciudad, cuya imperiosa necesidad así lo exige.

Ante estos insólitos hechos hay que concluir, que nos encontramos ante una vinculación negativa de la Administración Municipal a los intereses comunitarios por contrariar el principio de legalidad, por su ausencia analítica de las normas contrarias al derecho, por su apatía de participación en procesos de planificación, pues no existe razón para que normas mal concebidas no sean modificadas en su oportunidad así sean procesos largos y tediosos. Esta falta de voluntad política para cambiar disposiciones nocivas a la economía, al razonamiento lógico y a la justicia social, ha sido el común denominador de esta Administración.