A través de un proyecto de acto legislativo se somete a consideración del Congreso, la reforma del artículo 219 de la carta magna que prohíbe el voto a la Fuerza Pública, para permitirle en adelante, ser deliberante y poder ejercer libremente este derecho.

Quienes defienden la iniciativa, sostienen que Colombia en el contexto regional es de los pocos países que vetan a la Fuerza Pública del derecho al sufragio y, consideran el momento actual como propicio para esta reforma.

De prosperar esta iniciativa, se rompería con una centenaria tradición legislativa, que arranca con la Constitución de 1886 hasta nuestros días. Que la mayoría de los países lo hayan aprobado, no es razón suficiente para que Colombia también lo haga. En cuanto a que este momento sea el más propicio, quedan muchas dudas pues, venimos de un conflicto armado de más de medio siglo, con una profunda polarización, con aberrantes desigualdades, y con una pobre imagen de sus Fuerzas Armadas a raíz de abusos recientes y de uso excesivo de la fuerza que desataron la airada protesta ciudadana.

Ahora bien, instrumentos internacionales suscritos por Colombia le otorgan a las Fuerzas Armadas el monopolio de las armas y les asigna como su principal función la defensa de la soberanía. Es por ello que los organismos castrenses no deben ser deliberantes pues son formados en, y para, la obediencia, la disciplina y el respeto a los DD.HH. Si además de tener el monopolio de las armas se les otorga poder político a través del voto, se estaría socavando los pilares fundamentales de nuestra democracia, desaparecería el sistema de pesos y contrapesos y, de contera, el Estado Social de Derecho.

Por lo expresado, nos oponemos radicalmente a esta iniciativa por considerarla inconveniente, nefasta y capciosa, donde priman claros intereses electoreros que solo buscan congraciarse con el estamento militar y de policía, haciéndole un flaco favor a la patria. Empero, si alguna duda queda en cuanto a lo argumentado, fijémonos en el mal ejemplo de nuestro vecino inmediato Venezuela, un régimen que oprime al pueblo, y unas Fuerzas Armadas con derecho al voto, que apoya irrestrictamente al sátrapa de Nicolás Maduro. Consideramos que aprobar esta iniciativa sería un craso error.

Notas de cierre: 1- Rechazamos vehementemente las amenazas contra la periodista Katia Salem Ospino que atentan contra el derecho a la libre expresión. 2-  Señor alcalde, ya es hora de aprobar el plan piloto para que podamos volver a los restaurantes, cumpliendo rigurosamente con los protocolos de bioseguridad. [email protected]