En marzo de 2020 todos los focos estaban puestos en la pandemia que irrumpía la normalidad en la que vivíamos. La opinión pública no hacía más que hablar de cada caso nuevo en el país y en la calle se reflejó una aparente tranquilidad fruto del encierro. Todo ello hizo pensar que el único virus que teníamos que combatir era el covid-19, lo demás parecía estar bien. Qué equivocados estábamos. Un estallido social se venía cocinando desde las manifestaciones de 2019, interrumpidas en el 2020 por la invasión viral.

Los virus contra los que veníamos luchando, que se habían ocultado por la crisis sanitaria, comenzaron a aparecer. Así fue como la pandemia dejó al descubierto lo mal que la pasan más de 20 millones de personas en Colombia fruto de la pobreza en la que viven, muchos de ellos aquí mismo dentro de los límites de nuestro departamento.

A su vez, acrecentó la exclusión y desigualdad que hay en Colombia, donde unos pocos pulpos se benefician de la economía. Sacó a la luz el repudiable virus que viven a diario muchas mujeres en sus hogares y que no hemos podido acabar: la violencia intrafamiliar y de género. El paisaje que parecía tranquilo también comenzó a turbarse con la seguidilla de viles masacres de jóvenes en agosto de 2020 a manos de grupos armados.

Otro que se incrementó fue el virus de la corrupción. Empezó con la miserableza de sacar tajada de unos mercados que tenían como destino poblaciones vulnerables que necesitaban de ayuda del Estado para no morir de hambre. Así fue como entidades territoriales le subieron el precio al atún, el aceite y el arroz. El sobrecosto resultó evidente, también la falta de idoneidad de contratistas y el abuso de la urgencia manifiesta en contratación. La misma Gobernación del Cesar fue una de las entidades protagonistas del vergonzoso escándalo de corrupción nacional e internacional. 

Por supuesto los peces gordos no respondieron por nada, quienes pagaron con procesos disciplinarios fueron funcionarios de menor rango.

A eso se le suma el autoritarismo del Gobierno nacional y los gobiernos locales, la violencia policial, los malos tratos al personal de salud, la desidia del Congreso a cumplir con sus funciones de control político y a renunciar a privilegios. Todo ello iría colocando los ingredientes para la indignación colectiva que estamos viendo.

Fue la regresiva reforma tributaria la gota que rebasó el vaso y sacó a la gente a la calle. Desde ese momento hemos visto una gran movilización social, en su mayoría jóvenes, quienes han alzado la voz pidiendo que la vida en Colombia sea sagrada, que haya oportunidades de educación y empleo, que se ‘desbogotanice’ el poder y llegue la prosperidad a las regiones con condiciones de vida digna para la gente. ¡Basta ya de gobiernos desconectados, despóticos y violentos!

Valledupar y el Cesar no han sido ajenos al acontecer nacional. En varios municipios del departamento la gente se ha movilizado pidiendo al Gobierno nacional garantías para la vida y reforma policial, y a los gobiernos locales la solución de sus problemáticas. Personal de salud ha clamado el pago de sus salarios, campesinos del sur del Cesar han pedido soluciones en vías, el movimiento ambiental ha exigido la protección de nuestros recursos y los jóvenes hemos pedido oportunidades, inversión en cultura y arte para todos por encima de millonadas en centros de cemento que no priorizan nuestras necesidades como se vio en la manifestación del 19 de mayo.

El estallido seguirá ahora o después mientras el Gobierno nacional y los gobiernos locales sigan desconectados e insistan en asumir la movilización como un problema de orden público y no como un problema estructural de fondo. Hoy tenemos jóvenes que han comenzado a despertar, conscientes de sus derechos, sabiendo que no están dispuestos a recibir las migajas que ofrecen los gobernantes de turno. 

Adenda: la otra protesta es en las urnas en 2022 y en 2023 en las territoriales. Hay que jubilar a esos viejos caciques políticos del Cesar.