Durante muchos decenios pareció que existía una perspectiva clara respecto de que el progreso podía ser más o menos rápido en uno y otro país o variar de acuerdo con los años, pero, entre comillas, era un destino cierto. Evidentemente había dificultades: guerras, transitorias recepciones, huelgas, crisis políticas; no obstante, el mundo marchaba, estábamos convencidos, con pasos firmes por las sendas del progreso sin que esto que se llama progreso tuviera en cuenta el daño ecológico que se cometía. 

No importaban que los avances estuvieran desigualmente distribuidos entre y dentro de los países. Se creía que con el tiempo los sectores marginados serían integrados y los países pobres lograrían lo que se creía desarrollo. La revolución científica–técnica, con su inmenso desarrollo de lo que se llama fuerzas productivas, constituyó una base sólida para la visión optimista y la fe en la tecnología. 

Por largos años se sucedieron duros debates de la izquierda política, mostrando las irracionalidades de la organización capitalista, pero esto no logró conmover a la opinión como para provocar los necesarios cambios radicales que le dieran otra fisonomía al mundo. La economía occidental comenzó a ser víctima de altas tasas de desempleo y de inflación, desafiando así las sapiencias de la teoría económica. Digamos, entonces, que la confianza empezó a resquebrajarse. 

Vale la pena mencionar que la crisis del petróleo y otros recursos, y algunas impresionantes tragedias ocasionadas por la contaminación, propiciaron un clima receptivo para las advertencias que ya venían siendo formuladas por los ecólogos. Dado lo anterior, pronto se consolidó un movimiento ecológico de alcance mundial que ha venido denunciando los grandes peligros ocasionados por un crecimiento económico basado en un consumo de despilfarro de las clases y países ricos, que en grado sumo ha despreciado los costos ecológicos.

 Podemos decir, también, que como consecuencia de este activismo se ha venido alertando a la población, lo cual, a su vez, ha obligado a que surjan decisiones gubernamentales para la protección ambiental, hasta el punto que sectores del empresariado se han sentido preocupados por la situación. 

Los progresos de la conciencia ecológica son notables y es mucho lo que se ha hecho y se puede hacer todavía, aún dentro de los moldes del tipo de organización social prevalente en el planeta Tierra. 

Las luchas ecológicas en su accionar plantean inevitablemente conflictos de intereses. Es el caso de los controles ambientales y la protección de los recursos, los cuales limitan en parte la libertad de empresas y provocan la resistencia de sectores económicos que obtienen ganancias en actividades económicamente lesivas, pero deben prevalecer los derechos de la comunidad frente a la concupiscencia de las ganancias pecuniarias. 

Es tanta la presión de los activistas ecológicos que se ha recogido la consigna de “desarrollo sin destrucción”, en el entendido que el progreso con destrucción ambiental no es progreso, expresando así la necesidad de continuar lo que llamamos progreso pero haciendo consideración de las implicaciones ecológicas.

 Este principio orientador cabe dentro de los lineamientos generales de utilizar todas las oportunidades posibles dentro del sistema, para someter la actividad económica al interés ecológico colectivo, teniendo en cuenta que los sectores más desfavorecidos del planeta no están dispuestos a aceptar una distribución del bienestar tan inequitativo como hasta ahora.