Los actos de crueldad cometidos en contra de miles de ciudadanos secuestrados por parte de las Farc fueron afrontados por los siete exmilitantes que conformaban el secretariado del grupo guerrillero, quienes dieron la cara a las víctimas en una audiencia pública que se desarrolla por segundo día consecutivo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. 

Los exintegrantes de las antiguas Farc Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, tal como lo hicieron por escrito en el mes de abril de 2021, también reconocieron públicamente su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad. 

“Nosotros venimos a asumir la crueldad que implicó este crimen, este grave crimen, porque fue hacer rehenes a todas las familias, generar todo ese dolor a partir del quién o dónde está el que llevó la información y esa práctica fue incontrolable, y más cuando llegamos a este otro proceso de descomposición de la organización y liderazgos por hacer acuerdos con bandas”, afirmó Pastor Lisandro Alape Lascarro. 

Los antiguos guerrilleros se mostraron dispuestos a despejar las dudas y asumir el reproche por parte de las víctimas que han comparecido a las diligencias desde el pasado 21 de junio. 

Entre esas estuvo Danilo Conta, un ciudadano italiano que fue secuestrado por las Farc-EP en el mes de agosto de 1996 en Samaná, Caldas. El extranjero contó cómo su vida cambió tras estar en cautiverio. 

“Desde entonces (el secuestro) mi vida ha sido un perfecto desastre. Por mi conocimiento del italiano he podido ser nombrado traductor, he sobrevivido, no me da vergüenza…, esperando la muerte”, dijo Conta. 

Agregó que el daño ocasionado no fue solamente el secuestro sino lo que vivió después debido a que no encontró nada que reconstruir. 

En total el exsecretariado de las Farc es responsabilizado de 21.000 secuestros por parte de la JEP cometidos en el territorio nacional. 

Tras la audiencia que culminará este 23 de junio, la JEP tendrá tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz que definirá la sanción a imponer a los imputados.