El desafío revolucionario es movilizar el poder del pueblo contra la oligarquía y la tiranía, protegiendo, garantizando y promoviendo los derechos individuales y colectivos. Así se constituye una identidad fundamental y recíproca entre la identidad cívica del pueblo, su sentido de patria, y los derechos y libertades. 

El método es la organización del poder en todas sus facetas: civil, político, económico, social, cultural y medioambiental. Así, el pueblo debe participar protagónicamente en todas las facetas de la vida social, para evitar nuevas formas privilegiadas de gobierno que solo atienden a su mezquino interés corporativo. 

A través de mecanismos de democracia participativa y directa, el pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar soluciones a todos los problemas que lo acucia. Ya sea en su libertad de conciencia, participación política, contradicciones laborales, inclusión social, cultura alternativa y su relación con el medio.

Es, pues, cuando el pueblo desarrolla su libertad de pensamiento a través de la cultura, expresándose en libertad, participa activamente en la vida pública, eleva sus luchas economicistas frente al poder económico en una propuesta evolutiva de sociedad que incluye en el demos a las minorías que conjuntamente conforman una gran mayoría desde una visión superadora del antropocentrismo hacia un sentido cosmológico.

De esta manera, se evita que el gobierno sea privatizado por nuevos oligarcas a través de una construcción flexible y dinámica del poder, manteniendo cimentados principios revolucionarios.

Todo esto exige un elemento subjetivo: el compromiso de participación del pueblo vigilante y propositivo en la vida pública; este es un poderoso antídoto frente a la concentración de poder, privilegios y nuevas riquezas. 

El resultado sería un pueblo compuesto por ciudadanos que se mueven libremente por encima de un plano cartesiano por todos sus ejes, horizontal, vertical y transversal. Con diferentes centralidades en los cruces de ejes que conectan con una centralidad común: los derechos y libertades del pueblo. Esta centralidad común sería el elemento corregidor de desigualdades, o en positivo, constituiría el elemento compartido entre ciudadanos, el elemento igualador entre ciudadanos, la ley.

Por último, una sociedad constituida en libertad e igualdad se reflejaría ante el resto del mundo como un ejemplo de democracia plena.  Solo con su ejemplo impulsaría al resto de pueblos del mundo a su emancipación frente a sus oligarcas y tiranos de diferentes vertientes.