El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario presentaron los resultados del Índice Departamental de Competitividad (IDC) para los 32 departamentos del país y la ciudad de Bogotá. 

El departamento del Cesar ocupó la posición 21 de 33 entidades incluidas en la medición, con un puntaje de 4,78 sobre 10, ubicándose por delante de los departamentos de Córdoba y Sucre. El departamento registra su mejor desempeño en el pilar ‘Tamaño del mercado’, en el que se ubica octavo a nivel nacional, y registra una puntuación de 6,89. Este resultado se debe a que ocupa la segunda posición a nivel nacional en el subpilar de ‘Tamaño del mercado externo’.

En materia de salud también presenta un buen desempeño, destacándose en el indicador de camas generales y especializadas, donde además ocupa la primera posición a nivel nacional. 

Los resultados malos

Por otra parte, el Cesar concentra sus resultados negativos en el pilar de innovación en el que registra una puntuación de 1,50. En concreto, presenta retos importantes en la variable de investigación de alta calidad  y en el subpilar de registros de propiedad industrial, donde tiene puntuaciones inferiores a 1. 

El departamento registra su mayor avance en el pilar de sistema financiero, en el que mejora 0,9 puntos frente al año anterior. De otro lado, presenta su mayor caída en los pilares de infraestructura y entorno para los negocios, en los que cae 0,2 puntos.

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En infraestructura, su caída en los indicadores se da por el aumento del costo de transporte terrestre y las aduanas. En cuanto al entorno para los negocios se debe a la disminución en la variable de facilitación de trámites.

¿Y las instituciones?

En el pilar que califica a las instituciones como Gobernación, alcaldías y sectoriales, el Cesar obtuvo una calificación de 5,47 sobre 10. Dichas instituciones obtuvieron resultados aceptables en subpilares como la capacidad de ahorro, tasa de eficiencia de la justicia y la gestión de las regalías.

Pero nuestras instituciones se rajan en la gestión de recursos, el recaudo, la autonomía fiscal, la transparencia en la contratación y en el acceso a gobierno digital.

Por Deivis Caro