Bien lo ha dicho el consejero presidencial de la Gestión de Cumplimiento, Carlos Enrique Moreno, un ejecutivo de quilates que antes de entrar al Gobierno actuó como cabeza del centenario grupo empresarial Corona, en entrevista publicada ayer en EL PILÓN, referente a que no se limitará el Catastro, como ha sido concebido tradicionalmente, como un instrumento de recaudo tributario por parte de los municipios, en particular el impuesto predial.

Se quiere ir a un concepto más amplio e integral y por eso se denomina como Catastro Multipropósito: “El catastro actualizado será una fuente de información confiable para que los municipios puedan elaborar con mayores elementos y bases sus planes de ordenamiento territorial, y podrán crear proyectos de políticas públicas con énfasis en iniciativas sociales. Esto les permitirá empezar procesos de titulación de un mayor número de predios; fortalecerá las finanzas de las regiones e integrará la información de las entidades que participan del proceso de actualización y legalización de tierras”.

Y se convierte la labor catastral en un verdadero servicio público en el cual los municipios o gestores asociativos podrán llevarlo a cabo y administrarlo.

Para ser prácticos Valledupar tiene una oportunidad de administrar su propio catastro e incluso prestarles servicios a los municipios vecinos, gracias al nuevo enfoque que el Gobierno nacional ha iniciado en el territorio patrio con financiación de la banca multilateral.

Era evidente que el IGAC, con todo y la buena voluntad de sus funcionarios, no daba abasto.

El tema catastral está en la nuez del tema de tierras en Colombia, de la implementación de los acuerdos de paz suscritos con las Farc, – que prometieron la adopción del Catastro Multipropósito- los cuales avocan aspectos que tocan el problema rural y que no se limitaron a las necesidades propias de unos guerrilleros desmovilizados sino que aquellos se convirtieron en una oportunidad para hacer progresos y cambios en materias sensibles y necesarios para la institucionalidad y la modernidad de Colombia.

Tiene razón el gobierno Duque cuando ejecuta el audaz programa, que alcanzará sus metas en el mediano plazo, sobre la base no propiamente de que desarrollan los mencionados acuerdos sino que son resultado de su convicción de modernización de la ruralidad y también del ordenamiento del ámbito urbano.

No tiene, en consecuencia, asidero la prevención de ciertos sectores tradicionales propietarios rurales, principalmente ganaderos, de que el catastro, que tendrá una información más integral y vasta de la propiedad, se apoderará de una información propia y protegida, cuando de lo que sí se trata es que ella alcance la función social que predica la Constitución Política.

De otro lado, con Catastro Multipropósito o no, en cuanto al impuesto predial de la tierra rural, lo cierto es que debe ajustarse, de forma justa, como se viene haciendo en las cabeceras urbanas, el valor catastral al valor comercial.