Hasta el 28 de febrero, las entidades públicas del departamento del Cesar tienen plazo para reportar ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep, el estado de su planta de personal en lo referente a vinculación y desvinculación de personal y porcentaje de empleados ocupados que tienen alguna discapacidad.

El reporte debe hacerse a corte de 31 de diciembre de 2018, según lo dio a conocer la Función Pública que acompañará el proceso en los 32 departamentos del país.

“Con la información que cada una de las entidades nos reporten, podremos tener, a finales de abril, el primer informe de caracterización de discapacidad en el sector público”, dijo el director de Función Pública, Fernando Grillo.

Enfatizó en el carácter fundamental que tiene el trabajo de la administración pública para seguir avanzando en un empleo público más inclusivo y que brinde oportunidades a las personas en condición de discapacidad.

Grillo también hizo un llamado para que las entidades públicas de todo el país “vinculen en sus plantas a personas con discapacidad, en los términos establecidos en el Decreto 2011 de 2017, que establece un porcentaje de incorporación mínima de acuerdo con el tamaño de la entidad, con cortes al 31 de diciembre de los años 2019, 2023 y 2027”.

Aseguró además que a fin de asesorar a las entidades en el logro de este objetivo, la Función Pública hará el acompañamiento de sus asesores a cada uno de los sectores administrativos y a los 32 departamentos durante este periodo. En ese sentido, en el caso del Cesar contará con la asesoría de Cristian Fajardo.

En la actualidad, de acuerdo con el Sigep, laboran para el Estado 1.941 servidores públicos con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a un 0.16 % del total de trabajadores estatales, cifra que aún dista de las 12 mil personas que espera emplear el Gobierno Nacional para el año 2022.

Es así como de los servidores con discapacidad vinculados, el 38 % son de la Rama Ejecutiva del orden nacional, un 35 % del orden territorial y un 21 % de la Rama Judicial. Los sectores de Justicia, Defensa y Hacienda son los que emplean mayor número de servidores públicos con algún tipo de discapacidad.

En el nivel asistencial hay un 34 % de servidores con discapacidad, seguido del nivel profesional y técnico con un 31 % y 29 % respectivamente; la discapacidad visual y física son las más representativas en los servidores públicos y, en cuanto a género, los hombres representan un 54 % frente a 46 % de participación de las mujeres.

DECRETO 2011 de 2017

El Decreto 2011 de 2017 señala que para el 31 de diciembre del presente año, las entidades con plantas entre 1 y 1.000 empleos deberán destinar el 2 % de los mismos para personas con discapacidad, cifra que debe ascender al 3 % para el 31 de diciembre de 2023, y para el 2027 al 4 % de la planta.

Las plantas de personal que cuenten con 1.001 a 3.000 cargos deben destinar el 1 % del total al finalizar el presente año; para el 31 de diciembre de 2023, el 2 % de la planta hasta alcanzar el 3 % al cierre de la vigencia 2027.

Los que superen los 3.000 cargos están en la obligación de destinar el 0,5 % de los mismos a personas en condición de discapacidad antes de finalizar 2019; a 31 de diciembre de 2023, se asignará el 1 % de los cargos de la planta, y al finalizar 2027, el 2 % de sus cargos.

SANDRA SANTIAGO/ EL PILÓN
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