“A las zonas PDET y ZOMAC no ha llegado la inversión social prometida. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, están desfinanciados”, se afirma en un comunicado que los representantes de las curules de paz le acaban de enviar al presidente Gustavo Petro.

Muchas expectativas se habían generado desde el momento mismo en que se creó la figura de los municipios PDET, aquellos que fueron golpeados fuertemente por el conflicto armado, entre los que se encuentran 8 del departamento del Cesar: Agustín Codazzi, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz y Pueblo Bello.

En el Cesar, en el cuatrienio anterior algunos proyectos lograron materializarse con recursos adicionales del Gobierno nacional mediante esos programas PDET. En San Diego, por ejemplo, se ejecutaron más de 40 mil millones de pesos. Pero en estos momentos la realidad es otra y eso lo corrobora el pronunciamiento de los representantes de las curules de paz.

“La retórica oficial ha reemplazado la acción concreta. El Alto Comisionado para la Paz y las entidades responsables de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 han fallado en brindar respuestas efectivas a las crisis humanitarias registradas. La centralidad de las víctimas, piedra angular del Acuerdo, ha sido desdibujada por una desconexión institucional profunda y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, justicia, reparación y no repetición”, se lee en el comunicado en mención.

Ellos critican de manera abierta “la falta de articulación, financiamiento y ejecución para intervenir integralmente los territorios, lo cual sigue dejando a millones de personas a merced de los actores armados y del miedo”.

Preocupa además la advertencia que hacen los voceros de la paz en el Congreso de la República cuando afirman que “la reconfiguración violenta de los territorios avanza, sin que el Estado actúe con la contundencia y urgencia necesarias”.

El mismo director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, quien es el encargado del manejo de los municipios PDET, fue enfático en reconocer que “se requiere cumplir con el acuerdo de paz” para que así se pueda dar la articulación institucional que permita el logro de las metas en los territorios afectados por la violencia.

El desfinanciamiento e incumplimiento frente a los compromisos del acuerdo de paz no es solo con los PDET, en nuestra anterior nota editorial hacíamos mención de otra meta fallida, tal es la de comprar por lo menos 100.000 hectáreas de tierras en el departamento del Cesar, la cual a la fecha va en un promedio cercano al 25 % y escasamente estaría alcanzando un 50% al finalizar el actual gobierno.
Todo ello hace evidente, algo que en este gobierno se volvió costumbre, que los anuncios oficiales no se traducen en obras, y las promesas siguen siendo letra muerta para las comunidades.

Las cifras lo confirman. De los más de 11 billones de pesos que se estimaban necesarios para ejecutar los planes de acción en los 170 municipios PDET, apenas una fracción ha sido ejecutada con coherencia. La implementación ha sido fragmentada, lenta y en algunos casos ha sido de manera descoordinada.

En el caso del departamento del Cesar los habitantes de estos municipios denominados PDET no han sentido el impacto positivo que se esperaba, lo cual contrasta con ese propósito de lograr una inversión sostenida, con presencia integral del Estado y garantías efectivas de dignidad para esas comunidades.

Insistimos en que el Gobierno nacional, en el poco tiempo que le queda, aún tiene la oportunidad y la obligación moral de corregir el rumbo en varios de los componentes que harían posible seguir hablando de paz.