Delitos y riesgos electorales en el Cesar
El Código Penal contempla 16 delitos electorales, relacionados con la financiación, constreñimiento y corrupción al sufragante. En el Cesar hay varios lideres políticos investigados por comportamientos contrarios a la ley en época de campaña.
Según la Procuraduría General de la Nación, en el país hay 315 municipios en riesgo por conductas relacionadas con delitos electorales. Solo en la región Caribe hay 74 en riesgo alto. Delitos electorales que ponen en peligro la transparencia y la libre concurrencia de las elecciones.
Entre las promesas de campaña y el debate electoral, todo parece válido. Aunque algunos conocen la ilegalidad de sus comportamientos, otros candidatos incurren en delitos electorales por desconocimiento de las normas.
En Colombia, el Código Penal consagra 16 delitos electorales, desde constreñimiento al sufragante, voto fraudulento, tráfico de votos, fraude a inscripción de cédulas, corrupción al sufragante, entre otros.
El mapa de riesgos electorales presentado por la Misión de Observación Electoral, MOE, marca que 24 de 25 municipios del Cesar presentan riesgos que pueden afectar las próximas elecciones regionales del 27 de octubre. La única excepción es Astrea.
En municipios como Valledupar hay riesgo por violencia política; en Becerril, riesgo por atipicidad en tasa de inscripción de cédulas y por los antecedentes de trashumancia de las elecciones del 2015; en González, hay riesgo por limitaciones a la competencia en la lucha por la Alcaldía; en La Jagua, hay preocupación por el nivel atípico de participación electoral en elecciones locales.
NO TODO ESTÁ PERMITIDO
Con el propósito de atender las quejas de posibles irregularidades en campaña electoral, la MOE creó el portal web Pilas con el voto. En el Cesar se han presentado 54 reportes de irregularidades que encierran delitos electorales.
En el departamento, 14 de esas denuncias se encierran en comportamientos contrarios al ‘Voto libre’, quejas relacionadas con delitos como constreñimiento al sufragante, que consiste en la amenaza o presión a un sufragante para que vote por determinado candidato, o corrupción al sufragante, que consiste en el pago de dinero o promesa de beneficio para que un particular vote por un candidato. Aunque en Valledupar la mayoría de denuncias sobre irregularidades se centran en los excesos de publicidad, se han registrado dos denuncias por presión sobre el electorado.
“Las quejas que más hemos recibido es sobre conductas donde hay una participación indebida en política por parte de funcionarios públicos. Hay servidores que están favoreciendo a alguna determinada campaña, puede ser a través de actos proselitistas o de recursos públicos, y el hecho de presionar a subalternos para que voten por cierto candidato: “Si usted quiere mantener su contrato, usted debe votar por cierta persona” señaló Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral e Incidencia Política de la Misión de Observación Electoral.
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En municipios como Curumaní, Codazzi, Valledupar, El Paso, Chimichagua, se han presentado quejas por el presunto favorecimiento de las administraciones municipales hacia candidatos.
En el caso de Curumaní, un ciudadano presentó una queja ante la Procuraduría con fotos del alcalde del municipio, Jorge Celis, acompañado de un ciudadano que portaba una cachucha con el logo de Alex Oliveros, quien fue secretario de Planeación en la actual administración y es actual candidato a la alcaldía de la municipalidad. Tanto en Codazzi y Valledupar han denunciado en redes sociales presiones sobre los contratistas para que “busquen votos y asistan a las marchas políticas de candidatos particulares”.
COMPROMISOS NO PERMITIDOS
Dos hechos renombrados en el Cesar son las investigaciones que cursan sobre el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, y el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. El primer mandatario municipal está investigado por actividades proselitistas en el 2011 cuando era candidato a la Alcaldía para el periodo 2012-2015.
La Fiscalía informó que Ramírez Uhía en condición de candidato para el año 2011 se reunió con las comunidades de barrios subnormales y pactó dos compromisos con la comunidad de darles casas en caso de ser elegido. Por lo mismo investigaron al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, en este caso, por presuntamente haber prometido no desalojar un predio a cambio de votos.
Para el abogado Gustavo Cotes, experto en temas electorales, las campañas electorales deben ser organizadas para evitar caer en delitos. “Las campañas políticas deben tener una organización empresarial porque ellos deben rendir cuentas de sus recursos. Igualmente, deben tener cuidado con los delitos contemplados en el Código Penal sobre el tema electoral, hay delitos inclusive por inscribirse estando inhabilitado o no rendir cuentas claras”, señaló el jurista.
TOPES Y TRASHUMANCIA
A partir del 2017, superar los topes de gastos de campaña permitidos es un delito penal. El problema es que de los 3.817 candidatos que se inscribieron en el departamento del Cesar, solo 40 candidatos han reportado sus gastos ante el portal Cuentas Claras, según el CNE. De los cinco candidatos a la Gobernación del Cesar, cuatro han presentado informes a cuentas claras, excepto Hugo Vásquez.
De los 152 aspirantes a las 25 alcaldías del Cesar, solo 20 lo han reportado. La proporción es menor con los candidatos a los concejos municipales: de los 3.387 solo 20 han presentado reportes. Pero lo más llamativo es el caso de la Asamblea, donde según el CNE, ningún candidato del Cesar ha presentado reportes de gastos.
En este campo, se corre el riesgo de tres delitos electorales. La financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, el cual castiga a los gerentes de campaña con 4 u 8 años por permitir el ingreso de dinero prohibidos; la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, el cual castiga al que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, y la omisión de información del aportante, el cual castiga al que oculte aportes realizados a las campañas electorales.
Pero, sin duda, el delito más alertas tiene en el Cesar es la trashumancia de votos. En el departamento fueron anuladas 31.294 cédulas por posible trasteo de votos. El municipio con más cédulas anuladas fue La Jagua, con 5.867, seguido de Valledupar, con 4.163.
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LÍDERES Y DELITOS
Aunque como señala Camilo Mancera de la Misión de Observación Electoral, en la sociedad se han normalizado algunos comportamientos en campaña electoral, por eso no dejan de ser delitos, como el caso del tráfico de votos.
Este delito electoral, que tiene sanción penal de 4 a 9 años, es común entre líderes de barrios en el Cesar, según un presidente de Junta de Acción Comunal.
“Muchos nos vemos obligados a trabajar por un candidato, porque de otra forma no se consiguen inversiones para el barrio. Uno los trae al barrio, les presenta las necesidades y los escucha, pero otra cosa son aquellos que reúnen buses el días de las elecciones o llevan personas a votar a cambio de plata, lo que también es común”, señaló el líder comunal.
POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN
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