Con la captura del agente Pedro Antonio Cano Vega, hace seis años, tras ser denunciado por exigir dinero al propietario de un vehículo de carga en el sur de Valledupar, la Policía Nacional asestaba un golpe a la corrupción en el interior de la institución, pero también develó graves fallas en sus protocolos de seguridad, porque el capturado ni era policía ni ese era su nombre.

La sorpresa fue grande porque Cano Vega se paseó como Pedro por su casa durante cinco años por las instalaciones de la Policía en el departamento de Cesar, inclusive era reconocido como un viejo sabueso del grupo de automotores de la Sijín, experto en el manejo de los guarismos de identificación de los vehículos.

Uno de los procesos que le adelanta la Fiscalía se remonta al 6 de junio de 2009 en la Terminal de Transportes de Valledupar, donde varios policías retuvieron una buseta de servicio intermunicipal que cubría la ruta Aguachica- Valledupar, porque supuestamente había inconsistencias en los documentos del motor. Según el expediente, el propietario del vehículo tuvo que pagar un millón trescientos mil pesos a uno de los miembros de la fuerza pública para que no lo inmovilizara y al día siguiente le pagó trescientos mil pesos más. La víctima asegura que el dinero se lo entregó al agente Cano.

Otro caso ocurrió el 5 de diciembre del mismo año, cuando a una chatarrería de la capital cesarense llegaron dos policías en motocicleta solicitando la documentación de un viejo camión Dogde que estaba cargado con material reciclable. El propietario del vehículo presentó los papeles y uno de los policías dijo que faltaba el manifiesto de importación (documento de la Dian que legitima la entrada del motor al país).

“Me dijo el policía que él hacía el documento con el señor Orozco de automotores de la Sijín. El policía llamó al supuesto señor Orozco, que dijo ser comandante del grupo de automotores de la Sijín. Este sujeto le pidió un millón 500 mil pesos a mi hermano por legalizar los papeles, que si no los daba inmovilizaban el vehículo inmediatamente.

-Mi hermano habló con el dueño de la chatarrería para que le prestara la plata, se la prestó y entregaron el dinero a Orozco. Tres días después mi hermano estaba conmigo en Boyacá cuando lo llamó el señor Orozco diciendo que la vuelta le costaba 500 mil pesos más, porque la plata que le había dado le tocó repartirla con los dos policías que habían atendido el caso inicialmente.

-Mi hermano llamó al señor de la chatarrería para que le prestara los 500 mil pesos y que se los entregara al señor Orozco. El tipo al día siguiente fue por la plata y la reclamó, pasaron varios días y volvió a llamar diciendo que cuando volviéramos de Boyacá entregaba los papeles, pero que para entregarlos necesita 150 mil pesos más porque iba a salir de vacaciones.

-El señor de la chatarrería me contó que llamó a la Policía y pidió que el señor Orozco por favor pasara por su chatarrería y efectivamente llegó el señor Orozco, pero el de verdad, no era el mismo que en días anteriores había recibido dos millones de pesos. Entonces este policía inició las investigaciones para capturar al policía corrupto, ahí cuadramos y cuando llegó el supuesto señor Orozco a la chatarrería lo retuvimos hasta que la Policía lo capturó”, contó uno de los denunciantes del caso, según lo consignado en los registros de la Fiscalía.

En la chatarrería había cámaras de seguridad, quedó grabado que se trataba del agente Cano Vega que había recibido los dos millones de pesos, pero cayó cuando recibía solo 150 mil.

Estando detenido Cano Vega confesó, pero advirtió que él no estaba solo en eso, que dos policías más eran sus cómplices.

Con la apertura de la investigación disciplinaria quedó bajo la lupa de las autoridades que meses después profirieron tres órdenes de captura en su contra por el delito de concusión, una verdadera vergüenza para la Policía; dos solicitadas por la Fiscalía 12 seccional de Valledupar y la otra por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey.

Sin embargo, los tres procesos dieron un vuelco total, porque la Fiscalía corroboró que el policía capturado y cobijado con casa por cárcel desde el 9 de abril de 2010 era un impostor. Fue así como el 13 octubre de 2010, la Fiscalía precluyó la investigación que estaba a nombre de Pedro Antonio Cano Vega, que nada tenía que ver en el caso, porque estaba enfermo en Barranquilla y su identidad había sido suplantada.

El verdadero nombre del falso policía es Alberto Enrique Miranda Pardo, nacido el 19 de noviembre de 1963 en Barranquilla, quien al quedar al descubierto fue enviado a la Cárcel Judicial de Valledupar.

“Trabajé durante muchos años en los patios de Barranquilla y aprendí todos los procedimientos que hacían los técnicos automotores de la Sijín y los agentes de tránsito a los vehículos inmovilizados. El verdadero Pedro está enfermo, cogí sus papeles, me recorrí varios municipios y vine para Valledupar, aquí yo entraba a las instalaciones de la Sijin como si nada.

Estuve en más de 10 estaciones de Policía del Cesar, entre esas puedo recordar El Copey, Curumaní y La Paz. En total, fueron cinco años haciéndome pasar por miembro de la Sijin, hasta que me capturaron” dijo Miranda Parra en una entrevista concedida a EL PILÓN en agosto de 2010, mientras custodiado por el Inpec era atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López debido a sus problemas de hipertensión.

Durante su reclusión en la Cárcel Judicial de Valledupar denunció amenazas de muerte. Actualmente está recluido en un establecimiento carcelario de Cúcuta pagando condenas de 2006 y 2007 en Bogotá, por falsedad material en documento público y uso de documento falso.

El 20 de diciembre de 2010, hubo reunión del Inpec para hablar de las medidas de seguridad a Miranda Pardo y este dijo: “Mi problema es con la gente que está en mi proceso de concusión y ellos están por fuera del penal porque están con detención domiciliaria, el problema sería cuando salga del hospital, audiencias o en libertad”.

Uno de los compromisos del encuentro era que una vez saliera de la cárcel por cualquier motivo lo hiciera con chaleco antibalas. La Fiscalía ocho días después solicitó a la Policía brindar seguridad a la familia del interno ante la denuncia por amenazas que este instauró el 7 de diciembre de 2010.

Según Miranda Pardo, el 29 de noviembre de 2010 lo visitó en prisión el abogado de uno de los policías contra quien él declaró para hacerle una propuesta.

“Me daban 40 millones de pesos a cambio de echarme toda la culpa en el proceso de concusión y así sacar de problemas a los dos patrulleros y que en caso de no aceptar me moría yo y mi familia. Antes de esta amenaza mi esposa fue golpeada a las afueras del penal por un desconocido”, agregó en su denuncia.

Aunque ya fue condenado sigue en la mira de la Fiscalía, puesto que es testigo clave en las investigaciones adelantadas contra varios policías denunciados por presuntamente cobrar coimas a los conductores como lo hacía él.

Es testigo en el juicio del patrullero Ricardo José Donado Bolívar, acusado del delito de concusión, quien el próximo 3 de diciembre tendrá una nueva audiencia de juicio oral en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar. Francisco Javier Hoyos Benítez es otro patrullero investigado, ambos por el caso de la chatarrería.

El delito de Alberto Miranda es calificado como hazaña por algunos teniendo en cuenta que pudo vulnerar durante cinco años los protocolos de seguridad de la Policía Nacional y sin querer queriendo dejar al descubierto algunos casos de corrupción al interior de la institución.

“Soy consciente del fraude que cometí, pero los ocho miembros de la Policía que delinquieron conmigo, pidiendo plata a los conductores para no empapelarlos, también deben responder”, dijo el impostor a EL PILÓN.

¿Sabía usted que…?

Según el artículo 140 del Código Penal el delito de concusión, modificado por la Ley 190 de 1995, Art. 21, el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otro utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

Luego de comprobar la verdadera identidad de Alberto Enrique Miranda Pardo, la Fiscalía 12 seccional lo sindicó de los delitos de suplantación y falsedad de documento, acusaciones que lo mantienen privado de la libertad.

“Trabajé durante muchos años en los patios de Barranquilla y aprendí todos los procedimientos que hacían los técnicos automotores de la Sijín y los agentes de tránsito a los vehículos inmovilizados”: Alberto Enrique Miranda.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN