El Departamento del Cesar dio un paso trascendental en materia de inclusión social con la actualización de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social (PPDIS) 2025-2035, durante la sesión de la Asamblea Departamental del pasado 19 de mayo. Esta política reconoce de manera explícita el papel fundamental de los cuidadores en la vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, para que sus lineamientos no queden en el papel, es indispensable que la ciudadanía, especialmente los propios cuidadores y familias, conozcan a fondo estos derechos y participen activamente en su vigilancia y exigencia.

En el departamento del Cesar hay más de 40,883 personas con discapacidad, de las cuales el 12.74 % no tiene afiliación a salud, el 43.53 % no sabe leer ni escribir, el 51.73 % no tiene vivienda propia y el 59.1 % no cuenta con ingresos económicos. A pesar de estas barreras, un 22 % de las personas con discapacidad desean seguir estudiando, lo que evidencia un fuerte deseo de superación y participación activa. 

El reconocimiento legal de los cuidadores

La nueva política pública, en su artículo 2, establece como objeto “promover procesos orientados a la transformación de una cultura ciudadana que reconoce la discapacidad como una condición humana y a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, que fomente la inclusión social… garantice la participación y el ejercicio del goce pleno y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en todo el departamento”. Esta inclusión de los cuidadores como sujetos de derechos es el avance más importante, pues tradicionalmente han sido invisibilizados en las políticas públicas.

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Luisa López, es cuidadora de su hermano sordo, un hombre de 60 años, que se gana la vida haciendo artesanías para vender a amigos y conocidos: “Cuidar es un trabajo de tiempo completo, con los años y las enfermedades todo se hace más complejo. El acto de reclamar medicamentos se convierte en una labor el doble de difícil y realmente ese trabajo resulta ajeno para las personas que no tienen familiares con condiciones humanas diferentes”, asegura.

Es por esto que el artículo 3 refuerza esta visión al señalar que la misión de la PPDIS es “desarrollar procesos que garantizan el goce pleno y efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores… bajo principios de autonomía, corresponsabilidad social, democracia, diversidad, equidad, participación entre otros”.

Participación y corresponsabilidad

Uno de los principios rectores del documento es la corresponsabilidad social, que implica que “la familia, los cuidadores y todas aquellas personas involucradas en el tema de la discapacidad, deben participar y asumir compromisos para la gestión y desarrollo de la presente Política Pública”. Así, la política no solo otorga derechos, sino que exige la participación activa de los cuidadores en la toma de decisiones y en la vigilancia del cumplimiento de las acciones propuestas.

Además, la política establece que la participación ciudadana es esencial para la mejora sostenible de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias. El artículo 8 lo deja claro: uno de los objetivos específicos es “garantizar y promover la participación en los asuntos públicos y toma de decisiones… mediante el fortalecimiento de las organizaciones y la articulación, movilización e incidencia en la política de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores”.

Conocer para exigir: la importancia de la veeduría social

Para que estos avances no se queden en el papel, es fundamental que los cuidadores y la sociedad en general conozcan a fondo estos lineamientos. Solo así podrán ejercer una verdadera veeduría social, exigiendo a las instituciones que cumplan con la atención, el apoyo y la inclusión prometida. La política pública, como lo define el documento, es un “instrumento de orientación, planificación y ejecución de programas y proyectos”, pero su eficacia depende de la vigilancia y la exigencia de la ciudadanía.

Con ese fin, Silvio Enrique Acosta, persona con discapacidad múltiple y representante legal de la organización de personas con discapacidad múltiple de Valledupar, hizo énfasis en la importancia de considerar algunas correcciones. Acosta señaló que, al escuchar a un diputado mencionar algunos términos dio a entender que entendió poco sobre la política, “me hubiese gustado que el honorable diputado hubiera dicho que entendió mucho o demasiado, porque las personas con discapacidad… lo merecemos todo”. Además, resaltó un lema que le compartió un amigo y que quiso compartir en la Asamblea: “La discapacidad es una causa social que no avisa ni toca puerta cuando llega, llega y cambian nuestras vidas”. Para él, es fundamental que esta política reconozca la realidad de las personas con discapacidad y que se actúe con urgencia.

Por otra parte, Acosta enfatizó que las personas con discapacidad no deben ser consideradas simplemente como “personas con unas condiciones humanas”, sino como sujetos con “una protección especial constitucional del gobierno, así como lo dice la norma”. Rechazó términos como “personas especiales” o “personas en condiciones”, afirmando que “somos personas con discapacidad con una protección especial constitucional”. En representación de la población con discapacidad del Cesar, hizo un llamado a que en la implementación de la política no existan barreras y que se garantice la transparencia en todas las inversiones sectoriales. Acosta concluyó con un compromiso firme: “vamos a vigilar desde que todas las sectoriales hagan sus inversiones sociales a este proyecto… vamos a estar ahí acompañando desde lo social y jurídico la defensa de nuestro derecho”.

Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN