En el nuevo censo 2018 cambiaron las cifras de población y pobreza, dos de los criterios con los cuales el Gobierno liquida transferencias a las alcaldías y gobernaciones: a mayor pobreza y población, mayores recursos. Aquellas entidades donde la pobreza y la población aumentaron en términos relativos respecto a otras, van  a obtener más recursos que aquellas a las cuales les disminuyeron.

Eso ya sucedió en la primera liquidación que el Gobierno hizo del Sistema General de Participaciones, SGP,  en febrero pasado. Y el susto fue grande para Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Bogotá, municipios “ricos”, que por la caída en su nivel de pobreza les disminuyeron las transferencias.

 En el otro lado Magdalena, Chocó, Bolívar, Norte de Santander y Córdoba, los más pobres, recibieron por ello altos incrementos de transferencias,  de más del doble en algunos municipios entre los 422 que se beneficiaron.

Ante esos resultados, el Gobierno apenas comunicó parcialmente las transferencias del 2020 y anunció un Decreto “de transición” contra sus “efectos negativos”, que no es otra cosa que quitarle recursos a quienes les aumentó (es decir a los más pobres) para con ellos compensar a quienes disminuyó (los más ricos). 

Esta medida, inconstitucional a todas luces, en la práctica es una especie de “subsidio” de los pobres para los ricos.

La posición de los alcaldes y gobernadores ante ese decreto obviamente será subjetiva. Se opondrán aquellos a quienes les aumentaron los recursos con el nuevo censo, los de valores positivos en la tabla; y lo apoyarán aquellos a quienes el nuevo censo les quitó recursos, los valores negativos en el cuadro.

En Magdalena y Bolívar la mayor parte de los municipios se benefician con el nuevo censo, obteniendo $41.000 y $21.000 millones globales de incremento respecto a 2019. Una buena razón para evitar el decreto de “transición” del Gobierno nacional.

Pero en Cesar los intereses estarían divididos por mitades: trece (13) de sus municipios ven disminuir sus transferencias del SGP de propósito general y agua potable (valores negativos en la tabla) y deberían apoyar el decreto del Gobierno que les compensaría esta pérdida. González y El Paso son los más afectados porcentual y nominalmente.

Pero otros doce (12) municipios se benefician del nuevo censo (valores positivos en la tabla) siendo los más beneficiados Becerril, San Diego y Bosconia. Valledupar obtiene $1.324 millones más.

La Gobernación del Cesar gana $1.135 millones, pero la pérdida de -$908 millones en la sumatoria de las alcaldías es una gran disyuntiva para el gobernador.

Subjetivamente opino que no es justo quitarle a los municipios más pobres los recursos a los que constitucionalmente tienen derecho y si se permite esta violación a la fórmula legal de focalización se corre el riesgo de que el Gobierno vaya en pos del Sistema General de Regalías, también focalizados por pobreza y población. Y en un país donde no hay nada más permanente que lo temporal, estas medidas podrían extenderse peligrosamente.

Otra debilidad del decreto de “transición”, anunciado para mayo, es su torpe justificación en la Ley 2008/19 llamando “efectos negativos” a las variaciones en las transferencias, siendo que para los 422 municipios beneficiados estos no existen por lo que no les sería aplicable la medida de reducción.

He enviado estos argumentos y el estudio completo a los gobernadores y alcaldes beneficiados por el nuevo censo para efectos de aportar en la defensa de sus recursos evitando el anunciado decreto “de transición” del gobierno Duque.