Nos proponemos expresar diversos aspectos del panorama jurídico que circunda la criminalidad, fenómeno que se agudiza cada día y mantiene en jaque a Colombia con la aparición de novedosos y sofisticados métodos criminales, sin que las instituciones estatales de justicia y seguridad puedan erradicar o controlar.
Sin lugar a dudas, las diferentes formas de delincuencia dependen de una variedad y complejidad de factores endógenos y exógenos, pero en amplia medida de las condiciones de vida de los pueblos; entendiendo que estos son configurados no solamente por la historia, sino también por malos usos, abusos y el progreso tecnológico mal utilizado, entre otros. Observamos hoy una gran preocupación que de la angustia del mundo moderno, tan desbocado, nace el debilitamiento de los valores morales tradicionales, lo que genera la tolerancia de ciertas formas de delincuencia que influyen negativamente en el desarrollo normal de la convivencia pacífica de nuestro país.
Importante destacar como se ha incrementado la participación de la mujer en la criminalidad y en muchas conductas ilícitas que tradicionalmente estaban reservadas a los hombres; la mujer apareció cometiendo delitos violentos con calculada precisión y preparación, perdiendo escrúpulos y sentimentalismos propios en ellas.
Que decir de la delincuencia infanto-juvenil que cada día se hace más notoria; claro que no es el mismo tratamiento penitenciario que recibe respecto al mayor de edad; el infante es visto por la justicia con más consideración. Los métodos ocasionales individuales y primitivos de la delincuencia, particularmente en el área urbana, han sido sustituidos por empresas criminales permanentes, por organizaciones colectivas bien entrenadas en el uso de recursos tecnológicos, modernos, capaces de operar y hacer más daño con ingenio y velocidad; con argumentos, como el delito paga. Algunos delitos constituyen hoy auténticos retos a los dispositivos estatales de seguridad o a las precauciones de los particulares. Se identifican algunos, pero no se conocen en qué grado operan realmente. De allí la carencia de programas serios encaminados a desestimular, prevenir, predecir, controlar y reprimir la criminalidad.
Con frecuencia se intenta explicar la actitud violatoria de la ley penal, a través de causas tradicionales: desempleo, aberrante distribución de la riqueza, ignorancia, drogadicción, alcoholismo, carestía y todo el conjunto de motivaciones procedentes del mundo circundante, se suman a lo biológico, constitucional, a las disfunciones psicológicas, al influjo del medio climático para explicar: ¿Por qué hay tanta delincuencia?
Hoy se concentra con mucho interés la atención universal hacia las inequívocas relaciones entre el delito de una parte y los procesos de industrialización, crecimiento demográfico y cambios tecnológicos de la otra. Lamentablemente, tanto en la causalidad tradicional como en los procesos, la investigación al respecto acusa indudable pobreza; es desolador el panorama que se ofrece a quien desea explorar ese campo. Se aumentan o reducen las penas, solamente en busca de sus efectos disuasivos. Se amplían o restringen los términos procesales creyendo que así será más oportuna y efectiva la justicia, pero no resulta así.
El país no se arregla con más estudios del comportamiento criminal de hombres y mujeres al margen de la ley penal en diferentes zonas del país; solo sirven si son acompañados de verdaderas políticas.
Cuando nadie pueda fácilmente burlar los alcances de la ley penal y la gente se percate que hay inquebrantable voluntad de hacer realidad las disposiciones vigentes, entonces si se podrá creer en su efecto intimidante y esto se logrará cuando la organización judicial actúe con eficacia, rapidez y probidad.
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