Por: DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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En un espacio abierto en el Hotel Sicarare con las autoridades y contratistas departamentales y municipales, varios contratistas aprovecharon el momento para denunciar lo que ellos consideran “mafias de contratación en el Cesar”.

Además celebraron el ingreso de los pliegos tipo en la contratación de las obras públicas de infraestructura y transporte, dejando claro que este es solo el 10 % del trabajo que debe realizar el Gobierno para hacer más justa la contratación en el país.

“Faltan las obras públicas de construcción en otros sectores, como edificios, parques, alcantarillado y toda la contratación”, detalló Camilo Tapias, invitado especial al evento y autor de varios libros de contratación administrativa.

Los pliegos tipos entraron en vigencia el pasado lunes primero de abril bajo el Decreto 342 de 2019 firmado por el presidente Iván Duque. Esta vez con un carácter obligatorio. Sin embargo, reconoció Tapia que los pliegos tipo ya estaban reglamentados, por lo cual la necesidad principal “es cambiar la cultura de los contratistas y las entidades territoriales.

“NOS TOCÓ MIGRAR A OTROS DEPARTAMENTOS”

Después de la participación de varios ponentes donde se compartieron las actualizaciones en la reglamentación de la contratación estatal en Colombia y se dieron a conocer las cifras de la contratación en el Cesar, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar.

En ese momento varios contratistas alzaron la voz denunciando lo que consideran “una mafia de contratación en el Cesar”. “Se ha convertido esto en un negocio de mafia que a los contratistas que no entramos por ahí nos ha tocado emigrar. Buscar en nuevos territorios donde se hacen las cosas bien. Yo tengo como cuarenta años de ser contratista y sé que los contratos realizados honradamente no permiten los montos que dan las personas aquí. Lo que hacen es robar al Estado”, aseguró uno de los presentes que prefirió no ser citado.

Durante su participación, el director de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Uron, aseguró que causa preocupación el número de registrados en el Registro único de Proponentes (RUP). “Lo que pasa es que como muchos saben que no podrán contratar porque todo parece amañado, entonces se ahorran el renovar el RUP”, explicó el funcionario.

En ese sentido, hablaron sobre algunas licitaciones en las que las condiciones están direccionadas a favorecer a ciertos contratistas. Uno de los contratos más criticados fue el de la rehabilitación y/o pavimentación de la vía que conduce desde la vereda Las Casitas hasta el punto conocido como Los Cachos (Valledupar).

En estado de borrador aún, varias condiciones que estableció la Gobernación del Cesar levantaron ampollas. Por ejemplo, en el contrato por más de $12.000 mil millones, la condición de experiencia general señala que el proponente deberá acreditar la experiencia general con contratos terminados, cuyo objeto haya sido “construcción y/o pavimentación y/o rehabilitación y/o mejoramiento de Vías terrestres vehiculares en mezcla asfáltica, en máximo dos (2) contratos, cuya sumatoria expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes haya sido igual o mayor a una (1) vez el valor del presupuesto oficial”.
Después señala que en la experiencia especifica como requisito habilitante “se acreditará con uno de los contratos aportados para acreditar la experiencia general y que cumpla con los siguientes requisitos”.

Enseguida el documento expresa los requisitos. El problema, según la observación de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, es lo que ellos consideran la extraña mezcla entre una experiencia general que se acredita en solo dos contratos y una específica que reduce las posibilidades a uno de esos contratos.

Según los asistentes al seminario y el documento que enviaron en días anteriores a la Gobernación, este tipo de exigencias es violatoria de la libertad de asociación, de la concurrencia cooperada de oferentes y de la suma de fortalezas para acometer un encargo contractual.
Además se discutió la pertinencia de unir grandes obras en diferentes municipios. “Los organismos de control deben poner atención sobre algunas obras donde se puede presentar detrimento patrimonial porque no podemos equiparar los precios a lo largo y ancho de todo el territorio del Cesar. No es lo mismo de los precios de la maquinaria e insumos en zonas donde el orden público todavía está alterado que hacerlo en zonas donde tenemos movilidad y fácil acceso. Quienes han diseñado esos pliegos no hacen esos análisis”, aseguró José Luis Urón, director de la Cámara de Comercio de Valledupar.