Un estudio realizado por la Contraloría General de la República pone de presente que las metas físicas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en materia de vivienda rural son insuficientes y, con el recorte presupuestal que tendrán los recursos asignados para 2016, es incierto el cumplimiento de las mismas.
Indica el estudio que un problema recurrente de la vivienda rural en varias vigencias es que se asignan pero no se entregan siquiera el 50 % de las soluciones.
A esto se añade el recorte de recursos que se prevé para el Programa de Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural en el Presupuesto General de la Nación, que pasó de $582.444 millones asignados para el año 2015 a $215.427 millones para 2016, es decir, una reducción del 63 %.
La principal conclusión del estudio de la Contraloría es que, pese a los cambios normativos recientes, el Estado colombiano ha estado lejos de tener una política consistente y eficaz para remediar las carencias de la vivienda en el campo y que contribuya a cerrar la brecha que existe entre el déficit habitacional rural (68 %) y el urbano (27 %).
La política de vivienda para la población rural requiere nuevas alternativas para minimizar el impacto que tiene el trasiego de materiales de construcción en zonas rurales dispersas y que las viviendas sean adaptables a las actividades productivas de los habitantes del campo, aspectos que no fueron atendidos en los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo.