Todo apunta a que algunas empresas que prestan el servicio de transporte en la terminal estarían faltando a la norma según la auditoría especial que adelantó la Contraloría Municipal. Las tasas correspondientes no las percibe el establecimiento de transporte por reportes equívocos que suministran las empresas prestadoras del servicio, salen con despacho de un destino y en la base de datos evidencian otro, según informó la Contraloría Municipal.
En total unos 228 millones de pesos estaría dejando de recibir la terminal terrestre por tasas de usos que no reportan algunas organizaciones que prestan el servicio en este lugar, aseguró la contralora Mercedes Vásquez.
Dos irregularidades halló la auditoría especial que inició la Contraloría a principios de este año, una de ellas por concepto de rutas y otras por planillas. De acuerdo con lo manifestado por Vásquez, las empresas despachan una ruta y realmente llevan a otra, existen 9.034 irregularidades en planilla.
La Contralora dijo además que el resultado de la investigación no fue completo porque las empresas más grandes como Brasilia y Costa Line-Cootracegua, no han entregado la información correspondiente que le han pedido en reiteradas ocasiones.
Antecedentes
La Contraloría Municipal y la Fiscalía abrieron investigación desde 2004 a las empresas que prestan el servicio en la Terminal de Transportes por presuntas irregularidades, de igual manera en 2012 retomaron el caso con más fuerza por la queja Q412 de 2012 que elevó ante los entes el entonces gerente de la Terminal, Yesid Pedroza.
La queja daba cuenta de presuntas irregularidades en la liquidación y recaudo de la tasa de uso, contribución que el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte le ofrece a todas las terminales del país y que lo evidencia la resolución 002222 de febrero de 2012.
“Yesid Pedroza interpuso una queja en su paso como gerente de la Terminal de Transportes de Valledupar a finales del 2012, inmediatamente lo hizo también ante la Fiscalía General de la Nación cuando hicimos análisis de rigor, la queja daba cuenta de presuntas irregularidades que podían estarse dando en el recaudo de la denominada tasa de uso de la Terminal de Transporte”, explicó la Contralora.
Hasta la fecha según Vásquez, no han podido dar término a la investigación conjunta por dificultades en materia de recaudo del material probatorio pero sí a la auditoría especial de este año. “Las empresas trasportadoras de la Terminal han sido renuentes y han aportado poco apoyo a la investigación, a los dos órganos de investigación nos ha tocado redoblar esfuerzos, incluso la fiscalía tuvo que asignar personal para ir a recaudar el material probatorio en las ciudades donde tienen sedes las empresas trasportadoras”, aseveró.
Dos irregularidades
Ante las dos irregularidades encontradas en la auditoría especial, la Contralora dijo que esto sucede por la falta de control, de vigilancia. “Hacia allá va el ejercicio de auditoría realizado para decirle a la Terminal de Transporte que a partir de la fecha en que se hizo la queja e iniciamos la investigación, aunque hicieron algunos movimientos de personal, aún existen falencias que están perjudicando el erario de esta entidad.
Por su parte el gerente de la Terminal de Transportes, Luis Galvis, indicó que su posición frente al ente de control es de buen recibo, pero cree que existe en el informe una desorientación frente a la realidad normativa de la operación de la tasa de uso de la Terminal.
Galvis también mencionó que de las irregularidades encontradas en la administración anterior hasta este momento han tomado todos los correctivos y que han hecho inversiones económicas para mejorar todo el proceso de tasa de uso y verificación de la expedición de la misma. “Hemos dotado a la Terminal con actualizaciones de software y hoy en día estamos a la vanguardia en la expedición de tasa de uso con todos los terminales del país”.
Dijo además no estar de acuerdo con las irregularidades, porque ese valor de 228 millones de pesos la Terminal no lo está recibiendo y tampoco tienen porqué recibirlo debido a que como terminal tienen la obligación legal de vender tasas de usos únicamente autorizadas por el Ministerio de Transporte.
Además aseguró que uno de los elementos en los que se basó la Contraloría en su investigación fue la ruta ‘existente’ de Valledupar a Cartagena que tiene una de las empresas, pero que en realidad llega hasta Barranquilla y la empresa trasportadora hace el empalme hasta Cartagena, “de manera que si ese dinero tiene que ver con esas porciones de ruta a la que nosotros no estamos autorizados, no estamos de acuerdo con que exista en ese punto un desfalco o ilegalidad”, concluyó.
Letty Polo Thomas
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