Por detrimento

En siete contratos suscritos por el Gerente de la ESE de El Copey, Edgardo Arrieta Osorio, cuatro de 2010 y tres de este año, la Contraloría Departamental del Cesar detectó irregularidades que comprometen más de ciento diecisiete millones ochocientos mil pesos. Estos hechos fueron advertidos en ejercicio de una auditoría integral realizada dentro del Plan General de Auditorías que se ejecuta por el ente de control.

Dada la gravedad e impacto de los hechos, el Contralor General del Departamento, Walberto Sánchez Blanco, decidió adelantar en forma inmediata las investigaciones fiscales correspondientes y dar traslado a las autoridades competentes, para recuperar esos recursos para el municipio, en las cuales se vinculó al Gerente, los supervisores, tesorero y dos (2) contratistas. La Contraloría notificó al Gerente del adelantamiento de 3 investigaciones fiscales radicadas con los números RF-015-2011, RF-016-2011 y RF-017-2011, en los cuales se investigan detrimentos al erario municipal por $58.809.993,oo y un faltante del año 2011 que supera los 59.000.000; así mismo notificó de la Resolución 000297 del 3 de agosto de 2011 por medio de la cual lo suspendió del ejercicio de su cargo por espacio de un (1) mes, “prorrogable por el término que sea necesario para el recaudo de las pruebas requeridas en las investigaciones de responsabilidad fiscal mencionadas en el numeral 3º de este acto, de conformidad con lo expuesto en la parte  motiva…”.
De acuerdo con el contenido de la Resolución de suspensión, el Gerente de la ESE, presuntamente, ha sido omisivo en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia de la ejecución de los contratos suscritos con la cooperativa ALIA BELEN CTA cuyas cuantías superan los $300.000.000, habiendo permitido que ésta eludiera el pago de los aportes parafiscales y los aportes a salud y pensión de todos los contratos. La suspensión se fundamenta en las facultades constitucionales asignadas al contralor territorial establecidas en el artículo 268 superior en concordancia con lo consagrado en el inciso 5º del artículo 272 de la Constitución.