Al gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, le tocó prescindir de dos de sus alfiles en el gabinete departamental: Jaime Luis Fuentes Pumarejo (secretario General) y Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez (secretario de Educación), luego de ser notificado del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República, en el marco de una […]
Al gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, le tocó prescindir de dos de sus alfiles en el gabinete departamental: Jaime Luis Fuentes Pumarejo (secretario General) y Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez (secretario de Educación), luego de ser notificado del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República, en el marco de una investigación por irregularidades en un contrato de Programa de Alimentación Escolar, PAE, suscrito en enero de 2015 con el consorcio Alimentando un Cesar más educado.
Dicho consorcio ya estaba salpicado por irregularidades anteriores, puesto que uno de sus miembros es la Fundación Acción Social Integral, ACSI, antes llamada Kábala había sido cuestionada por la mala prestación del servicio de alimentación en la vigencia 2014; las otras empresas vinculadas son la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País.
Los irrefutables nexos con la anterior administración hoy le cuestan al nuevo gobierno departamental, pues Jaime Fuentes conoció y participó de todo el proceso contractual del PAE desde el 22 de octubre de 2014 que ejerció el cargo y fue ratificado en enero de 2016 por el gobernador Francisco Ovalle Angarita; al igual que Jorge Araujo, quien ejerció como secretario de Educación desde el 12 de noviembre de 2013.
Estos dos funcionarios eran heredados de la administración de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobierno en el que según el ente fiscalizador se presentó el cuestionado contrato del PAE, inicialmente fijado en más de $23 mil millones, con problemas en los estudios previos y pliegos de condiciones, y que por el detrimento ocasionado al erario llevó a la condena fiscal de $1.723 millones contra los dos secretarios y el consorcio contratista.
El gobernador al ser notificado por la Contraloría decidió que ambos fueran funcionarios hasta el pasado viernes y hoy llegan sus relevos: el abogado Luis José Rodríguez Torres, quien pasa de la oficina jurídica a la Secretaría de Educación; y la abogada Lorena Hernández Dangond, de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría General.
Le toca al mandatario departamental mostrar independencia en sus decisiones, en poco más de un año que le resta, mostrar que tiene su sello propio. Los nuevos funcionarios deben llegar con una nueva dinámica, apartados de los nexos que hoy enredan a sus antecesores; si bien tienen mandos superiores, que inciden en sus decisiones, cada uno de ellos debe ser consciente de que sus actuaciones deben estar en el marco de la ley, velar por el cumplimiento de la normatividad para tampoco incurrir en omisiones, que son igualmente sancionadas.
Es lamentable que en el Cesar no hayamos podido superar del todo los problemas con el suministro de los suplementos alimenticios; siguen las quejas, los agentes generadores del mal servicio, y lo peor de todo: no varía que los estudiantes de los planteles públicos del departamento sean los que menos comen en la torta contractual del PAE.
Al gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, le tocó prescindir de dos de sus alfiles en el gabinete departamental: Jaime Luis Fuentes Pumarejo (secretario General) y Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez (secretario de Educación), luego de ser notificado del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República, en el marco de una […]
Al gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, le tocó prescindir de dos de sus alfiles en el gabinete departamental: Jaime Luis Fuentes Pumarejo (secretario General) y Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez (secretario de Educación), luego de ser notificado del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República, en el marco de una investigación por irregularidades en un contrato de Programa de Alimentación Escolar, PAE, suscrito en enero de 2015 con el consorcio Alimentando un Cesar más educado.
Dicho consorcio ya estaba salpicado por irregularidades anteriores, puesto que uno de sus miembros es la Fundación Acción Social Integral, ACSI, antes llamada Kábala había sido cuestionada por la mala prestación del servicio de alimentación en la vigencia 2014; las otras empresas vinculadas son la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País.
Los irrefutables nexos con la anterior administración hoy le cuestan al nuevo gobierno departamental, pues Jaime Fuentes conoció y participó de todo el proceso contractual del PAE desde el 22 de octubre de 2014 que ejerció el cargo y fue ratificado en enero de 2016 por el gobernador Francisco Ovalle Angarita; al igual que Jorge Araujo, quien ejerció como secretario de Educación desde el 12 de noviembre de 2013.
Estos dos funcionarios eran heredados de la administración de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobierno en el que según el ente fiscalizador se presentó el cuestionado contrato del PAE, inicialmente fijado en más de $23 mil millones, con problemas en los estudios previos y pliegos de condiciones, y que por el detrimento ocasionado al erario llevó a la condena fiscal de $1.723 millones contra los dos secretarios y el consorcio contratista.
El gobernador al ser notificado por la Contraloría decidió que ambos fueran funcionarios hasta el pasado viernes y hoy llegan sus relevos: el abogado Luis José Rodríguez Torres, quien pasa de la oficina jurídica a la Secretaría de Educación; y la abogada Lorena Hernández Dangond, de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría General.
Le toca al mandatario departamental mostrar independencia en sus decisiones, en poco más de un año que le resta, mostrar que tiene su sello propio. Los nuevos funcionarios deben llegar con una nueva dinámica, apartados de los nexos que hoy enredan a sus antecesores; si bien tienen mandos superiores, que inciden en sus decisiones, cada uno de ellos debe ser consciente de que sus actuaciones deben estar en el marco de la ley, velar por el cumplimiento de la normatividad para tampoco incurrir en omisiones, que son igualmente sancionadas.
Es lamentable que en el Cesar no hayamos podido superar del todo los problemas con el suministro de los suplementos alimenticios; siguen las quejas, los agentes generadores del mal servicio, y lo peor de todo: no varía que los estudiantes de los planteles públicos del departamento sean los que menos comen en la torta contractual del PAE.