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General - 17 abril, 2018

Colombia es el primer país con una política pública de explotación de datos

Esta política aportará igualmente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), directamente a las metas relacionadas con el desarrollo de la innovación; la promoción del acceso público a la información; y el aumento significativo de datos oportunos, fiables y de alta calidad.

El Gobierno Nacional aprobó el documento Conpes 3920, que define la política de explotación de datos. Big Data, con este documento el país asume el liderazgo regional al ser el primero en Latinoamérica, y octavo en el mundo, con una política pública integral que habilita el aprovechamiento de los datos para generar desarrollo social y económico.

Esta política aportará igualmente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), directamente a las metas relacionadas con el desarrollo de la innovación; la promoción del acceso público a la información; y el aumento significativo de datos oportunos, fiables y de alta calidad.

“La explotación de datos (Big Data) también es una herramienta que aporta al monitoreo de los ODS. Colombia tiene retos para la medición del 46 % de los indicadores globales de ODS. Los principales desafíos ocurren por la baja frecuencia de medición y la poca desagregación”, aseguró Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Igualmente, la correlación del nivel de datos abiertos de un país y el índice de percepción de corrupción es del 78 %, de esta manera, a medida que hay mayores datos abiertos hay menor percepción de corrupción.

En el mundo, el crecimiento de datos pasó de 1,2 billones de Gigabytes en 2010 a 16,1 billones en 2016 y se espera que para 2025 esta cifra se multiplique diez veces, es decir, que sean creados 163 billones de Gigabytes.

Esto se explica por la “datificación”, esto es, la transformación del mundo real, en datos procesables y cuantificables, que ha ocurrido por el aumento del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todas las actividades de la vida diaria.

La explotación de datos tiene impactos económicos positivos porque genera, entre otros, ingresos adicionales a las empresas que ofrecen bienes y servicios basados en datos, valor agregado (principalmente en investigación e innovación) y da lugar a empleos especializados en uso de datos.

Así mismo, ofrece una ventaja competitiva a aquellas empresas intensivas en esta materia. En 2016 la participación en el PIB de la explotación de datos de la Unión Europea fue de 1,62 % y para 2020, se espera que represente el 2,5%.

Masificar explotación de datos

Con las condiciones que se definen en este documento CONPES, el país allana el camino para masificar la explotación de datos. La política aborda cuatro ejes estructurales:

  • Generación de datos digitales (insumo),
    • Cultura de datos (demanda),
    • Capital humano para la explotación de datos (oferta)
    • Marco jurídico, ético e institucional, que busca habilitar la generación de valor y reforzar la protección de los individuos en el contexto de disponibilidad y explotación masiva de datos.

“Hoy sólo el 4 % de las entidades cuenta con las condiciones para avanzar consistentemente hacia la implementación del Big Data y el aprovechamiento de los datos. El 87,3 % restante requiere de intervenciones específicas para afrontar los retos actuales de generación de valor social y económico con la explotación de datos digitales. La ausencia de cultura de datos evidencia el desafío de reconocerlos como un activo estratégico”, comentó Mejía.

Las posibilidades son evidentes, en promedio el 56 % de los activos de información pública son digitales y el 51% de estos está publicado en la web. Sin embargo, el 46 % de las entidades percibe que existen trámites excesivos para intercambiar datos en el sector público.

Por otro lado, sólo el 5% de las entidades utiliza algoritmos para aprovechar datos en la oferta o mejora de servicios a la ciudadanía. Así mismo, el 34% de las entidades ha aprovechado los datos no estructurados (como audio, video, imágenes o textos) para su gestión y el 63% indica que la principal barrera para explotar datos es la ausencia de capacitación.

El documento establece las condiciones para que las entidades del Estado colombiano se transformen mediante el concepto de Big Data.

Metas específicas 

Este Conpes traza metas específicas de resultado, que se obtendrán mediante la ejecución de 45 acciones articulando competencias de 10 entidades públicas, con inversiones que suman aproximadamente 16.728 millones de pesos, para superar las barreras identificadas. Así, se espera que a 2022, el país logre:

  • Pasar del 51 % de promedio de activos públicos digitalizados y publicados que se tenía en 2017 al 100 %.
    • Impulsar el porcentaje de entidades que tienen al menos un proyecto de aprovechamiento de datos, que en 2017 era el 9,3 % y para 2022 se espera alcanzar el 90 %.
    • Lograr que por lo menos el 50 % de las entidades públicas desarrollen proyectos de aprovechamiento de datos para mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.

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17 abril, 2018

Colombia es el primer país con una política pública de explotación de datos

Esta política aportará igualmente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), directamente a las metas relacionadas con el desarrollo de la innovación; la promoción del acceso público a la información; y el aumento significativo de datos oportunos, fiables y de alta calidad.


El Gobierno Nacional aprobó el documento Conpes 3920, que define la política de explotación de datos. Big Data, con este documento el país asume el liderazgo regional al ser el primero en Latinoamérica, y octavo en el mundo, con una política pública integral que habilita el aprovechamiento de los datos para generar desarrollo social y económico.

Esta política aportará igualmente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), directamente a las metas relacionadas con el desarrollo de la innovación; la promoción del acceso público a la información; y el aumento significativo de datos oportunos, fiables y de alta calidad.

“La explotación de datos (Big Data) también es una herramienta que aporta al monitoreo de los ODS. Colombia tiene retos para la medición del 46 % de los indicadores globales de ODS. Los principales desafíos ocurren por la baja frecuencia de medición y la poca desagregación”, aseguró Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Igualmente, la correlación del nivel de datos abiertos de un país y el índice de percepción de corrupción es del 78 %, de esta manera, a medida que hay mayores datos abiertos hay menor percepción de corrupción.

En el mundo, el crecimiento de datos pasó de 1,2 billones de Gigabytes en 2010 a 16,1 billones en 2016 y se espera que para 2025 esta cifra se multiplique diez veces, es decir, que sean creados 163 billones de Gigabytes.

Esto se explica por la “datificación”, esto es, la transformación del mundo real, en datos procesables y cuantificables, que ha ocurrido por el aumento del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todas las actividades de la vida diaria.

La explotación de datos tiene impactos económicos positivos porque genera, entre otros, ingresos adicionales a las empresas que ofrecen bienes y servicios basados en datos, valor agregado (principalmente en investigación e innovación) y da lugar a empleos especializados en uso de datos.

Así mismo, ofrece una ventaja competitiva a aquellas empresas intensivas en esta materia. En 2016 la participación en el PIB de la explotación de datos de la Unión Europea fue de 1,62 % y para 2020, se espera que represente el 2,5%.

Masificar explotación de datos

Con las condiciones que se definen en este documento CONPES, el país allana el camino para masificar la explotación de datos. La política aborda cuatro ejes estructurales:

  • Generación de datos digitales (insumo),
    • Cultura de datos (demanda),
    • Capital humano para la explotación de datos (oferta)
    • Marco jurídico, ético e institucional, que busca habilitar la generación de valor y reforzar la protección de los individuos en el contexto de disponibilidad y explotación masiva de datos.

“Hoy sólo el 4 % de las entidades cuenta con las condiciones para avanzar consistentemente hacia la implementación del Big Data y el aprovechamiento de los datos. El 87,3 % restante requiere de intervenciones específicas para afrontar los retos actuales de generación de valor social y económico con la explotación de datos digitales. La ausencia de cultura de datos evidencia el desafío de reconocerlos como un activo estratégico”, comentó Mejía.

Las posibilidades son evidentes, en promedio el 56 % de los activos de información pública son digitales y el 51% de estos está publicado en la web. Sin embargo, el 46 % de las entidades percibe que existen trámites excesivos para intercambiar datos en el sector público.

Por otro lado, sólo el 5% de las entidades utiliza algoritmos para aprovechar datos en la oferta o mejora de servicios a la ciudadanía. Así mismo, el 34% de las entidades ha aprovechado los datos no estructurados (como audio, video, imágenes o textos) para su gestión y el 63% indica que la principal barrera para explotar datos es la ausencia de capacitación.

El documento establece las condiciones para que las entidades del Estado colombiano se transformen mediante el concepto de Big Data.

Metas específicas 

Este Conpes traza metas específicas de resultado, que se obtendrán mediante la ejecución de 45 acciones articulando competencias de 10 entidades públicas, con inversiones que suman aproximadamente 16.728 millones de pesos, para superar las barreras identificadas. Así, se espera que a 2022, el país logre:

  • Pasar del 51 % de promedio de activos públicos digitalizados y publicados que se tenía en 2017 al 100 %.
    • Impulsar el porcentaje de entidades que tienen al menos un proyecto de aprovechamiento de datos, que en 2017 era el 9,3 % y para 2022 se espera alcanzar el 90 %.
    • Lograr que por lo menos el 50 % de las entidades públicas desarrollen proyectos de aprovechamiento de datos para mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.