Un comité Ad Hoc de anulación, bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, decidió no anular el laudo dictado el 27 de agosto de 2019 que le ordenaba a Colombia devolverle USD$19,1 millones, más intereses, a la minera Prodeco, filial de la multinacional Glencore.
Esta decisión se remonta a una demanda que había interpuesto Glencore contra Colombia por más de USD$600 millones, considerando que el Estado violó el acuerdo de inversión pautado para la extracción del carbón en el país. Sin embargo, el Ciadi redujo en un 97 % las pretensiones económicas reclamadas por la multinacional, pero estableció que el Estado debía devolverle a la multinacional USD$19,1 millones que había pagado Prodeco por un fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la Nación.
De acuerdo con el órgano de control, la empresa minera fue hallada responsable de torcer procesos de cálculos de regalías. Acotando así que de manera irregular obtuvo el Otrosí No. 8, para uno de sus contratos en beneficio propio y en detrimento de la nación.
En ese sentido, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, le solicitó a la Ciadi la constitución de un comité Ad Hoc para que anulara el laudo que le ordenaba al país la devolución de dicho rubro porque “el Tribunal quebrantó de manera grave varias normas de procedimiento al desconocer pruebas relacionadas con las actuaciones engañosas de Glencore–Prodeco para obtener el Otrosí No. 8”.
Sin embargo, no se anuló el laudo, a lo que la Andje respondió: “La decisión del Tribunal de inadmitir ciertas pruebas obtenidas por Colombia que demostraban la ilegalidad en la suscripción del Otrosí No.8, implicó la violación del derecho al debido proceso de Colombia como Estado demandado, lo que justificaba la anulación del laudo”.
Con la decisión del comité de anulaciones del Ciadi se agotaron los recursos jurídicos para que el país evitara el desembolso de los USD$19,1 millones que deberá pagár a la multinacional.
LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES
De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, para el 2015, Glencore propuso que se debía cambiar la fórmula que tenían para calcular las regalías que le correspondían al Estado por su trabajo de extracción del carbón. A pesar de que Ingeominas, autoridad encargada en ese entonces de los temas mineros, no aceptó los cambios, Prodeco insistió en ese nuevo mecanismo y decidió aplicarlo.
En ese orden de ideas, la filial comenzó a desembolsar menos dinero sin tener autorización del Estado, por lo que la Contraloría le ordenó a la multinacional pagar más de $60 millones por la arbitrariedad con que decidió calcular sus pagos. El ente de control también ligó al fallo a Mario Ballesteros, director de Ingeominas en ese entonces, debido a que cedió a las exigencias de Prodeco y firmó el Otrosí No. 8 con la fórmula de cálculo de la multinacional.
“Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí, el Estado recibía $129.512 millones, pero con ese ajuste pasó a recibir $77.298 millones”, puntualizó la Contraloría.
Argumento y decisión que no fueron bien recibidos por Glencore, que procedió a interponer la demanda anteriormente mencionada por USD$600 millones.
Namieh Baute Barrios / EL PILÓN