El 30 de julio del año 2017, comenzaron a aplicar las sanciones del nuevo Código de Policía, luego del periodo de sanciones pedagógicas implementado por las autoridades.

“El Código Nacional de Policía y Convivencia es la primera herramienta con la que cuentan todos los habitantes del territorio y las autoridades para resolver los conflictos que afectan la convivencia y con la cual se puede evitar que las conductas y sus consecuencias trasciendan a un problema de carácter judicial e inclusive de carácter penal. El conocimiento y aplicación de esta normativa permitirá generar las condiciones de seguridad y tranquilidad que son tan anheladas por todos los colombianos”, así reza textualmente en la página de la Policía Nacional.

En todo el articulado del nuevo Código, existe un tema que generó ampollas desde el inicio. Se trata del artículo que restringe el consumo de bebidas embriagantes en parques y calles de la ciudad, el cual determina que un ciudadano puede ser multado hasta por $ 210.000 si es sorprendido tomando licor en los sitios mencionados.

La razón de esta prohibición, como muchas veces lo hemos informado en EL PILÓN, es disminuir los problemas de orden público y de convivencia entre los colombianos. En Valledupar, durante un fin de semana normal, pueden registrarse más de 300 riñas (hay cifras de puentes festivos que ocurren cerca de 400), es la muestra más fiel de la intolerancia, que en su mayoría es generada por el consumo de bebidas embriagantes.

En la capital del Cesar ha sido bastante difícil la aplicación del Código de Policía en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol en la calle y parques, así como la regulación del sonido en zonas residenciales. Solo basta poner como ejemplo la iniciativa de regularlo en el balneario Hurtado, una buena propuesta, que generó bastante molestia.

Hoy queremos hacer un llamado a la Policía Nacional y a la administración municipal para que sigan aplicando la ley, especialmente el Código de Policía, para los dos temas en mención: consumo de bebidas embriagantes y fuentes de sonido en zonas residenciales. Por ejemplo, no se justifica que en los alrededores de la Universidad Popular del Cesar expendan licor, como si fueran libros, cuadernos y lapiceros, y pongan equipos de sonido en plena vía pública a todo volumen para llamar clientes. Podrían fácilmente iniciar una inspección por los alrededores de los centros educativos más grandes de la ciudad (universidades y colegios) y se darán cuenta que más de uno infringe la ley.

La coherencia entre la aplicación, el seguimiento y la sanción debe existir, de nada valen los anuncios sino se concreta el resultado. Si no tenemos unas autoridades firmes, siempre habrá una ciudadanía al garete que hará lo que es permitido y lo prohibido.