El 13,30 % de la población urbana ubicada en las cabeceras municipales consume agua no apta para consumo humano, cuya mayoría de municipios en situación crítica están ubicados en los departamentos de Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Meta y Tolima, y el suministro de esta se encuentra a cargo de pequeños prestadores del servicio de acueducto.
Entre tanto, el 86,2 % de la población colombiana ubicada en cabeceras urbanas consume agua potable, esto, según la información validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con base en los reportes del Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo humano (SIVICAP) del Instituto Nacional de Salud (INS), para el año 2018.
Este es el resultado del análisis de las muestras de calidad de agua de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto, que fueron reportadas por las autoridades sanitarias al SIVICAP el año pasado, lo que representa un incremento del 11 % respecto al año 2017, al pasar de 528 a 586 el número de municipios con calificación Sin Riesgo en la calidad del agua.
Ante esto, la Superintendencia de Servicios Públicos, Superservicios, adelanta una estrategia de disminución del riesgo en calidad de agua, enfocada a la mejora de los procedimientos operativos en las plantas de tratamiento, y al control de los procesos de potabilización.
La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García, explicó que mejorar la calidad del agua que toman los colombianos es política de Estado.
“Para lograrlo el Gobierno nacional y las entidades involucradas estamos trabajando conjuntamente para garantizar a los usuarios su derecho al agua potable. Desde nuestras competencias hemos realizado programas de gestión, planes de acción, proceso de orientación y capacitación en talleres regionales de calidad del agua, investigaciones administrativas, requerimientos y sanciones, para que los prestadores mejoren sus indicadores de calidad de agua, teniendo en cuenta los parámetros físicos, químicos y microbiológicos establecidos por las autoridades sanitarias”.
Es así como el año pasado, la entidad suscribió e hizo seguimiento a planes de acción con 15 prestadores de más de 2.500 suscriptores en Meta, Cesar, Putumayo, Bolívar, Nariño, La Guajira, Cundinamarca, Magdalena y Córdoba. Adicionalmente, entre 2017 y 2018, se abrieron 91 investigaciones a prestadores en cabecera urbana en todo el país por este tema.
Lo anterior, sin incluir acciones similares a pequeños prestadores (todos aquellos que atienden menos de 2.500 suscriptores) en el territorio nacional.