La iniciativa que pretende que con las cesantías se pueda financiar la educación superior de los hijos y dependientes, pasó a sanción presidencial para convertirse en ley.
El proyecto, que fue propuesto por el senador del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, está basado en que el dinero abonado por concepto de cesantías pueda ser retirado parcialmente para prefinanciar la educación mediante la figura de ahorro programado o de seguros educativos, según sea la preferencia de cada persona.
Con esta iniciativa se espera generar una mayor dinámica en la oferta de seguros educativos en el país y permitirá a un amplio sector de la clase media financiar la universidad de sus hijos, así como liberar recursos al final de su ciclo profesional para acumular mayor ahorro y contribuciones a esquemas pensionales, entre otros.
Sobre el tema, el representante a la Cámara por el Cesar, Cristian Moreno Villamizar, señaló que el proyecto resulta interesante ya que “esos recursos podrán invertirse en educación, creo que es una oportunidad para que los colombianos encuentren alternativas para financiar su educación, cualificación y que la paz sea la oportunidad de acceder a oportunidades de empleo dignas”.
Entre tanto, el representante a la Cámara Eloy Quintero mencionó que “ese proyecto de ley de verdad que es muy benéfico porque es una manera de solventar un problema, digo yo, familiar en cuanto a la educación, para que con cesantías se puedan pagar los estudios superiores. Eso facilita muchas cosas y le quite la carga económica que tiene la familia en el momento. Esperamos que sea bien manejado por las personas que se acojan a esta nueva forma de usar las cesantías”.
La iniciativa beneficiará a los jóvenes, pues facilitará el aseguramiento de su educación, así como a los padres, alivianando los costos. Los beneficiados serán quienes estén afiliados a los fondos públicos y privados de cesantías.
La reglamentación de la ley estaría a cargo del gobierno nacional, que tendría un plazo máximo de seis meses para hacerlo después de promulgada.
La reglamentación de la ley estaría a cargo del gobierno nacional, que tendría un plazo máximo de seis meses para hacerlo después de promulgada.
Por Jennifer Del Río Coronel
jenniferdelrio@gmail.com