Por: Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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Detectives del CTI de la Fiscalía mediante un operativo lograron la detención de nueve exempleados mineros por presuntamente obtener pensión de manera irregular, hecho que se ha investigado en el sonado caso conocido como el ‘Cartel de los Locos’ o ‘Cartel de las pensiones’.

Las detenciones se realizaron en los barrios Francisco el Hombre, Nueva Esperanza, La Victoria, Altagracia y Villa Carola de Valledupar, en el municipio de San Diego y en Bucaramanga, Santander, en respuesta a las órdenes de captura en su contra por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal.

Entre los aprehendidos están: Henser Sierra, el técnico mecánico Fabio Zuleta Poveda; el operador de camión, Hernán Coronel; el supervisor, Carlos Tulio Mendoza; el operador de buldócer, Milso Ospino Herrera; Jorge Camaño Barrios, Yimi Rosado y Luis Miguel Gutiérrez, quienes son exempleados de Drummond.

Las nuevas diligencias se materializaron en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía 12 seccional, desde que mediante una fuente obtuvo información de que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar (JRC), presuntamente se emitían dictámenes de pérdidas de capacidad laboral falsos a cambio de grandes sumas de dinero que suministraban los beneficiados, que en su mayoría eran empleados de las empresas mineras carboníferas del Cerrejón, Prodeco y Drummond.

“Al parecer, la manera de operar en este caso es que con avales de médicos calificadores de Colpensiones, funcionarios públicos que hacen parte de la Junta Regional de Calificación del Cesar (JRC), además de abogados, psiquiatras y juzgados laborales y civiles, presentaban documentación falsa para lograr alcanzar las pensiones argumentando problemas médicos”, expresó la Fiscalía.

Explicó además que si estos no alcanzaban el puntaje para pensionarse por problemas de salud, contactaba a la JRC y negociaba una calificación del 50 % para lograrlo mediante la incapacidad laboral, o mediante un dictamen que los declaraba como una persona mentalmente inválida.

Según el ente acusador, en labores de inteligencia pudieron determinar que las personas que fraudulentamente tramitaban la pensión, antes de obtenerla de manera premeditada, acudían al sector financiero, copaban su capacidad de endeudamiento y compraban seguros o adquirían pólizas, para una vez alcanzado el estado de pensionado por invalidez las obligaciones dinerarias fueran asumidas por las aseguradoras.

Por esta misma investigación están siendo procesadas más de 21 personas, entre esos los que eran integrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, los médicos Carlos Arturo Montero Araujo, Eduardo Urbano Marrugo Calderón, Yamile de Jesús Pérez Domínguez y el abogado Mariano de Jesús Amaris Consuegra. Algunos están en proceso de entrar a juicio o recibir sentencia.