El presidente de la República, Iván Duque Márquez, estuvo la semana pasada en Valledupar y en otros sitios de nuestro departamento. Además de entregar algunas obras, planteó su propuesta de cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, a raíz de unos crímenes horrendos, como el asesinato de menores de 7, 11 y 14 años. El último fue el de la niña Sharik y el secuestro de Santiago, con quienes usaron métodos de tortura. A raíz de estos hechos violentos, se ha vuelto a rumorar el tema de cadena perpetua o pena de muerte.

Es así como un gran sector, entre ellos algunos parlamentarios han  venido insistiendo en el restablecimiento de la pena de muerte para delitos como terrorismo y hechos atroces.

Siempre estas propuestas aparecen, generalmente, como una reacción contra ciertos hechos violentos que por su gravedad afectan de manera notoria la percepción ciudadana de seguridad y hacen poner en duda la efectividad del Estado para enfrentar la violencia y delincuencia. Sin embargo, esas propuestas también se caracterizan por hacerse al calor de los acontecimientos y sin ninguna discusión previa que permita a la ciudadanía comprender, a través de su participación en el debate, la naturaleza de la sanción eliminatoria, sus efectos sobre los Derechos Humanos de los procesados, las posibilidades que entrarían de hacer irreparable el error judicial y, en general, los argumentos sobre su racionalidad y su eficacia. Todos estos argumentos son más emocionales que racionales, y no encuentran sustento en la realidad.

En el fondo, la posición de los defensores de la pena de muerte se origina en un deseo de venganza que surge, como respuesta instintiva, cuando se tienen noticias de hechos singularmente crueles, cuya ejecución genera escándalo en la opinión pública y produce un movimiento a favor de la ley y el orden. Esa respuesta, en muchas ocasiones sólo consigue acrecentar el sentimiento social de inseguridad provocada por la acción reprochable.

El restablecimiento de la pena de muerte va en contra de nuestra tradición jurídica. La última vez que se aplicó dentro del actual territorio colombiano fue en 1906, cuando fueron ejecutados los autores materiales del homicidio del general Reyes.

Pienso que la manera más congruente de poner coto a tanta barbarie que nos aqueja es proteger y promover los Derechos Humanos. Y además sigo sosteniendo que ninguno de los problemas del país se resuelve matando. Hace cuatro siglos advirtió Sebastián Castellio: “Nunca se vencerá el mal por el mal. El único remedio contra el asesinato es dejar de asesinar”. Ahí les dejo la inquietud…

Y como es mi costumbre, trataré otros temitas: A los señores del Espacio Público que ni sirven para nada les advierto que en la nueva Plaza Alfonso López la están invadiendo de nuevo: hay artesanías, venta de guarapo, de raspao, de comida…