Por: ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA

Es comprensible que quienes aquí en el Caribe trabajaron arduamente para redactar el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial estén frustrados. Sin lugar a dudas, mucha diferencia hay – en espíritu y contenido – entre ese texto y el que finalmente presentó el Ministro del Interior el 23 de agosto al Congreso.
Esas diferencias – se ha enfatizado – están referidas al alcance de la autonomía regional, a la organización política administrativa prevista para la región, a los recursos necesarios para su funcionamiento y a otras materias que se podría decir caen  en la órbita de lo político administrativo. Poco se ha reparado, sin embargo, en la redacción del artículo 31 del proyecto gubernamental que prevé la creación del Fondo de Compensación Territorial, materia que está más referida al tema de las finanzas territoriales. Según la propuesta “el Fondo se financiará con los recursos provenientes de las regalías y compensaciones en los términos, condiciones y criterios definidos por la Constitución Política”.
Como la Constitución de 1991 no prevé cuáles son dichos términos, condiciones y criterios, para la creación del Fondo será necesario introducir una reforma constitucional bajo la cual se gobernaría de ahora en adelante el manejo de las regalías.
Esa propuesta tiene una carga de profundidad de enorme significación. De un tiempo a esta parte el gobierno nacional ha querido  tomar para sí una porción de las regalías que hoy son  en su totalidad de las regiones, sean ellas productoras o no de  recursos naturales no renovables. Ello es así porque el artículo 360 de la Carta vigente establece que “los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones”. Y el artículo 361 ordena que “con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley”.
Como se ve, bajo el mandato constitucional actual las regalías no son de la nación. Si se quiere  que ella participe en las regalías se requiere una reforma constitucional, la cual se anuncia como condición para la creación del Fondo de Compensación. Es decir se crea el Fondo si las regiones ceden parte de sus regalías. Así de simple.
Frente a esa propuesta es de señalar que  para corregir la precaria institucionalidad que hoy gobierna las regalías, su carácter pro cíclico,  los desperdicios en que se ha incurrido y  las tropelías que con ellas se han cometido, basta con una reforma legal  que se las  quite al clientelismo y a los grupos armado, pero no a las regiones. Para ello bastaría con reformar la noción de cesión que hoy tiene la ley  y convertir al Fondo Nacional de Regalías en instrumento del desarrollo regional en las áreas de la infraestructura,  del desarrollo tecnológico y de la equidad.
Complementado así el análisis del proyecto de LOOT del gobierno se ve que con él no sólo sufrió la noción de autonomía, sino que se va a ver muy afectada la equidad. Para que nada falte, y para ponerle la cereza al pastel, el artículo 31 del proyecto gubernamental también señala que el gobierno nacional reglamentará las condiciones de operación, funcionamiento e inversión del Fondo de Compensación Territorial, sin fijar para ello criterio alguno. Más centralismo pá donde.