Ha recordado el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación Emilio Archila que cuando se hizo el pacto con las Farc y se reincorporaron 13.000 combatientes a la vida civil, quedaron, e iban a quedar, en el terreno activos y armados los integrantes del ELN, del clan del Golfo y los Rastrojos, los Pelusos, los Caparrapos y el Epl en el Catatumbo; pequeños ejércitos de narcos, algunos reductos de las autodefensas y, unas disidencias que siempre quedan de todo acuerdo de paz.
Esa situación la conocía el país, la conocía la comunidad internacional, el Gobierno nacional y la misma guerrilla de las Farc. Pero el gobierno Santos sobrevendió la paz a tal punto que muchos colombianos errados creyeron que con la firma era suficiente, pero venía lo más complicado que era la reincorporación y la implementación en los territorios.
Santos y su gobierno sabían que la paz con los rebeldes políticos era incompleta, pero tuvieron una alta confianza en que el ELN también la acordaría pronto, basados en varios argumentos, entre ellos, el de que esa guerrilla tenía que ser consciente, de que lo alcanzado por las Farc en una negociación difícilmente podría obtenerlo una organización que apenas representaba el 10 % de la capacidad y número de aquélla, de la que se decía, -con razón-, era la organización rebelde más fuerte en el hemisferio occidental. Para que se tenga una idea del ejército que se desmontó con los acuerdos de La Habana y el Colón, ISIS, el Estado Islámico de Irak y el Levante, que llegó a enfrentar a fuerzas de EE.UU, Rusia, Siria, Turquía e Irak, en su califato, ocupando buena parte de Siria e Irak, unos 40.000 kilómetros cuadrados, del tamaño de un país como Bélgica, integró una fuerza rebelde irregular, sin aviones ni tanques ni barcos, de 15.000 hombres, según funcionarios de Estados Unidos (BBC, 7 preguntas para entender qué es el Estado Islámico y de dónde surgió).
De ahí el alto grado de control que en Colombia la guerrilla desmovilizada tenía en esos territorios, que al extinguirse dejaba un vacío inmenso, con el riesgo de que si no llegaba de inmediato la institucionalidad (no solo como era acostumbrado, la Fuerza Pública oficial), con sus estructuras, fiscales, investigadores, jueces, carreteras, colegio, hospitales y electrificación, podían entrar en el caos; lo que ha sucedido, degradado en zonas de economía de la droga como el Catatumbo, Nariño o el Cauca.
Ambas partes fueron conscientes de que exponían la seguridad de los reincorporados sino se desmontaban esas otras organizaciones armadas y se contempló en los acuerdos una política de su sometimiento a la justicia, pero las leyes desarrolladas por el Congreso, por iniciativas gubernamentales, no obtuvieron un camino a satisfacción de organizaciones como el Clan del Golfo. El probable incentivo de continuar campeando y engrosando sus fuentes financieras con el negocio del narcotráfico y la minería ilegal del oro, en medio de una gran devaluación del peso frente al dólar y la incursión comercialmente agresiva de los carteles mexicanos, las ha mantenido al margen de la ley, disputando espacios y rentas con las guerrillas supérstites.